Supervisoras de obras

La deficiente supervisión en el proceso de ejecución de las diversas obras públicas que se realizan actualmente u otras que terminaron, pero pasados los meses empezaron a notarse los problemas constructivos, en general representa una pérdida para el Estado y perjuicio para los que se “beneficiarían” con la obra.
En realidad, el trabajo de ciertas empresas supervisoras tienen pésimos antecedentes en Iquitos y en Loreto en general, así recordamos que en la construcción de la carretera Iquitos – Nauta, por lo menos un personal de equis supervisora fue condenado a cárcel efectiva, justamente por un mal trabajo de supervisión ligado a las mafias de construcción.
Otro de los tantos casos sonados, fue la construcción de la plaza principal de San Antonio de El Estrecho, en la provincia del Putumayo, donde la empresa cobró todo por su “trabajo” sin haberlo terminado, y trascendió entonces que la supervisión había dado su visto bueno al “término” del trabajo.
Y en estas semanas del inicio del año escolar 2023, los miles de perjudicados por los informes retrasados o amañados de ciertas supervisiones son estudiantes de la educación básica regular de los colegios Rosa Agustina y Teniente Manuel Clavero, bueno, la primera que la construcción debe terminarse en agosto y la segunda que también se interrumpió el inicio de clases por los arreglos que vienen haciendo en su estructura.
El tema es muy delicado, ya que estamos hablando de vidas de estudiantes, de personal docente y administrativo que podrían perder la vida ante un derrumbe por las malas prácticas constructivas que los “supervisores” no han advertido o se han hecho los ciegos, sordos y mudos.
Se conoce como secreto a voces cómo se alterarían las mezclas de materiales como cemento y arena para “ahorrar”, dejando de cumplir con las especificaciones de los expedientes técnicos que parece a las autoridades que deben estar también atentas a estos resultados se hacen los desentendidos.
Y la suspicacia generalizada es por las presuntas “coimas” que reciben de empresas constructoras que se prestan a las ilegalidades. Hace muchos años un valiente empresario loretano ingeniero civil tuvo la valentía de denunciar que le pedían el 10 hasta 20 por ciento adelantado para que le otorguen una obra, se negó, y le castigaron cerrándole las puertas para contratos. Estamos sufriendo un caos social como consecuencia de graves delitos como estos.