- Gerente de San Juan, Alex Bernales, en relación a sugerencia de regidor Pérez que sea retirado del cargo por sentencia judicial en apelación
Respecto a la sugerencia que hizo el regidor Paulo Pérez al alcalde en ejercicio de la municipalidad distrital de San Juan, Ángel López, respecto a que aleje del cargo al gerente municipal Alex Bernales Grández, hasta que termine su proceso de apelación a una sentencia condenatoria por defraudación al Estado peruano, en la municipalidad distrital de Chepén, el funcionario hizo uso de su derecho a réplica.
“Yo respeto la opinión del regidor, porque es una opinión y también la decisión es del alcalde. En mi caso particularmente yo puedo decir que este es un proceso que si bien es cierto hay una sentencia en primera instancia, pero que está en apelación, por lo tanto, no es una sentencia consentida y yo como funcionario público puedo ejercer con total normalidad de acuerdo a ley”.
En relación al riesgo que significaría para la municipalidad de San Juan que una persona inmersa en un proceso de defraudación pueda estar en un cargo tan delicado, donde se deciden situaciones de la economía, comentó: “Es una opinión sin sustento, no sé cuál sería el riesgo, no lo explica. Su opinión no tiene ningún sustento legal, sobre todo”.
Sobre cómo fue involucrado en el proceso de la municipalidad de Chepén, señaló el gerente sanjuanino que trabajó en la gerencia de administración de dicha comuna los últimos dos meses y medio de la gestión, en plena transferencia.
“A mí se me acusa como gerente de administración por haber pagado estudios sin que hubiera el producto, lo cual es falso, toda vez que en la transferencia el área usuaria, en este caso la gerencia de obras no ha entregado los estudios al gobierno entrante y la comisión entrante tampoco hizo observación en su momento. O sea, hubo un desorden administrativo”.
Bernales indicó que paralelo a eso también hicieron desaparecer los documentos de pago. “Entonces se inició un proceso muy extraño, porque en la investigación no se le considera en ningún momento al jefe del área usuaria, al funcionario que tenía que decir si efectivamente se ha hecho o no el servicio”.
Manifestó que transcurrieron cuatro años y llegó a la acusación fiscal. “En un proceso uno responde de acuerdo a sus funciones y no por la de otros. En ese sentido mi defensa estaba planteada muy bien porque como administrador soy efectivamente el que paga, teniendo en cuenta el servicio que se ha prestado como que se ha prestado”.
Explicó que en los alegatos de primera instancia llegan a parecer los estudios, pero que el juez en esa etapa ya no quiso considerarlo porque estaba con los plazos que se vencían y no consideraron la prueba extraordinaria. “Por eso precisa que en caso de apelación se verá en la segunda instancia y se va considerar los estudios que aparecieron. Y ahí se debe archivar”.
Con la experiencia de lo que ha ocurrido recientemente en San Juan, con lo vivido en Chepén, se le consultó qué medidas se están tomando para evitar que situaciones parecidas ocurran en perjuicio de la entidad de San Juan, sea en desorden administrativo o fraude económico.
“Lamentable que en esta municipalidad no hemos encontrado institucionalizado, instrumentos de gestión. Por ejemplo, documentos desactualizados no están acorde a ley, entonces este trabajo ya lo estamos desarrollando, es todo un proceso, efectos de que existan instrumentos que puedan garantizar y controlar, supervisar y poder evaluar, el ejercicio de cada funcionario de acuerdo a su competencia”
Informó finalmente que están implementando un sistema de control de ejecución de presupuesto a nivel de metas presupuestarias. “Es decir para que no se esté gastando el recurso sin un programa presupuestal, vale decir, en gastos no programados que hace que exista una brecha considerable de riesgo en el tema de malversación. Entonces vamos a reducir ese riesgo de malversación de fondos. Eso estamos trabajando en la administración de esta municipalidad”.
(Diana López M.)
