- Expresó la Dra. Melina Vargas Ascue, integrante de la segunda sala penal permanente de apelaciones en adición liquidadora, en el marco del Día del Juez.
La magistrada inició su extraordinario y muy comprometido discurso con los ciudadanos, saludando a todos los presentes y agradeciendo al presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto Reynaldo Cajamarca Porras, por haberle encomendado el alto honor de dirigir dicho mensaje con ocasión del Día del Juez y la Jueza.
“Por mandato legal cada 4 de agosto el poder judicial del Perú se detiene para conmemorar y reconocer la labor de hombres y mujeres que materializan la misión fundamental de esta institución. Impartir justicia con independencia, imparcialidad y absoluto respeto a la Constitución es tarea fundamental en un estado democrático de Derecho.
La carta magna establece que la potestad de administrar justicia emana del pueblo, si este es el mensaje que nos transmite entonces la autoridad judicial no es un privilegio y menos un ejercicio de poder personal, sino una gran responsabilidad ejercida en nombre de la ciudadanía, al servicio y respeto de su dignidad.
La labor judicial busca proteger la dignidad humana, garantizar la igualdad ante la ley y asegurar el acceso a la justicia. Cada caso judicial representa la vida y los derechos de las personas. Niños, niñas y adolescentes a la espera de una resolución rápida y un juicio de alimentos y atención de riesgo familiar.
Mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia que requieren medidas de protección urgentes y eficaces. Comunidades nativas que exigen la defensa y el respeto irrestricto de sus derechos. Estos y tantos otros que suman miles de casos son los que esperan obtener una decisión pronta, eficaz y, sobre todo, justa.
Loreto adquiere una dimensión particular, aquí la justicia no siempre llega por carretera, ni se agosta en un despacho, cruza ríos, enfrenta distancias, lluvias, limitaciones de conectividad y realidades culturales diversas.
Estas mismas limitaciones exigen una actuación innovadora y propositiva por parte de los jueces, quienes a través de los programas de justicia itinerante y jueces de paz se convierten en el rostro más cercano del Estado en comunidades que han vivido en ausencia de él.
Loreto también nos enseña que la justicia debe conocer y comprender la diversidad cultural, en esta región conviven el derecho positivo y la riqueza de los pueblos indígenas y originarios; cocama, shawi, ticuna, bora, huitoto, entre tantos otros.
Esa realidad nos exige una justicia intercultural respetuosa de las costumbres, los idiomas y las distintas formas de comprender el mundo. Nos demanda conocimiento jurídico, pero también alta sensibilidad, humildad, capacidad de escuchar, comprender contextos, superar prejuicios y garantizar que ninguna persona sea privada de acceder a la justicia por razones de idioma, origen étnico o condición social” remarcó Melina frente a un auditorio absolutamente concentrado en cada frase expresada.
RÍO MARAÑÓN COMO SUJETO DE DERECHOS
Continuó: “En ese contexto el pronunciamiento que reconoció al Río Marañón y a sus afluentes como Sujeto de Derechos, mostró que la justicia loretana puede proteger a las personas, a las comunidades y al entorno del que depende su vida. Incorporando la cosmovisión del pueblo Kukama Kukamiria, todo ello es un recordatorio que la función judicial cuando escucha con rigor y sensibilidad puede abrir caminos para todo el país.
A esos desafíos propios de nuestra geografía, se suman otros. Como el reto de la carga procesal, la limitación de recursos, las distancias de los grandes centros y seamos honestos, la desconfianza en un sistema de justicia que actúe con transparencia y eficacia.
Frente a ello, la transformación digital en este año 2026 representa una oportunidad extraordinaria en la modernización de nuestros procesos. Así como la implementación y consolidación de plataformas digitales como expediente judicial electrónico y mesa de partes electrónico que permiten reducir barreras geográficas.
Agilizar los procesos y facilitar el acceso al servicio de la justicia, especialmente en una región como Loreto donde las distancias representan uno de los mayores obstáculos y desafíos para la administración de justicia.
La consolidación de juzgados de flagrancia, un modelo que reúne en un solo lugar al poder judicial, a la policía, al ministerio público, a la defensa pública; para procesar y sentenciar en plazos breves ante delitos evidentes, claro está sin que ello signifique el sacrificio de los derechos fundamentales de los procesados. La celeridad no puede significar la pérdida de garantías mínimas de las personas”, puntualizó.
JUZGADOS ANTICORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Se refirió a los tres juzgados aprobados para Loreto. “Se trata del logro de un esfuerzo conjunto interinstitucional lo que significa la celeridad procesal en atención de este tipo de casos y la consiguiente reducción de la carga procesal, y primordialmente, evitar la impunidad frente a hechos que afectan el correcto y regular funcionamiento de la administración pública, la economía del Estado y los derechos de los ciudadanos.
Pero no solo se trata de luchar contra la corrupción en el Estado y la sociedad, sino una mirada hacia dentro que nos hace reflexionar sobre nuestra propia integridad. “Se predica con el ejemplo” se dice, entonces solo cumpliendo con las normas de integridad el poder judicial puede ser un actor fuerte para la eficacia de los esfuerzos de anticorrupción en los demás sectores.
Un poder judicial creíble no se construye solo con sentencias correctas, sino también con una gestión transparente, oportuna, libre de arbitrariedades. La lucha contra la corrupción, por ello, no puede entenderse únicamente como una función de los órganos de control o del sistema de persecución penal. Es un deber que compromete a cada magistrado o magistrada, servidor o servidora administrativo en el ejercicio cotidiano de sus funciones”.
LA CORRUPCIÓN NO SOLO AFECTA LOS RECURSOS PÚBLICOS
“La corrupción no solo afecta los recursos públicos, erosiona la confianza ciudadana, debilita a las instituciones y compromete la vigencia misma del Estado de Derecho. Frente a esta realidad, nuestra respuesta debe ser firme e invariable, ejercer la magistratura con independencia, honestidad y valentía.
Motivar nuestras decisiones con objetividad, rechazar cualquier privilegio de influencia indebida y recordar cada día que el mayor patrimonio del poder judicial es la confianza de la ciudadanía. Preservarla constituye una responsabilidad ética que no admite concesiones” mencionó luego agradeció y reconoció al personal jurisdiccional y administrativo que cada día hace posible con su labor silenciosa, el sostenimiento de la maquinaria institucional para que cada juez y jueza pueda cumplir su función con las herramientas que necesita. Sin ellos, ninguna sentencia histórica, ninguna resolución oportuna sería posible.
Finalmente, dio a conocer que este año el poder judicial en Loreto se prepara para conmemorar 120 años de vida institucional. Son 120 años durante los cuales generaciones de magistrados y magistradas, servidores jurisdiccionales y administrativos, han contribuido muchas veces en condiciones adversas.
“Esa historia no solo se encuentra escrita en las resoluciones judiciales, también se reflejan en el esfuerzo cotidiano de quienes han dedicado su vida al servicio público, en las actividades académicas, culturales y deportivas que fortalecen nuestra identidad institucional y en los valores compartidos que nos unen como comunidad judicial” recordó Melina ante todos los asistentes a la celebración del Día del Juez y Jueza.
