Estamos en el noveno mes del año y no hemos visto en las notas oficiales del ministerio de Educación, ni en la gerencia regional de Educación, que se hayan implementado más naves fluviales escolares para que nuestros adolescentes loretanos no se queden sin estudiar la secundaria.
En un alto porcentaje llegan sólo hasta la primaria y ahí se frustran porque en sus pueblos no hay nivel secundario. Algunos logran ir a vivir donde algún familiar en una comunidad donde hay este nivel de servicio educativo, lo que implica un desembolso económico para sus padres de donde no tienen, o colaboran con productos con el familiar que acoge al hijo.
Las adolescentes se perjudican de la forma que, al no poder seguir la secundaria, rápido se hacen de pareja, forman familia, se embarazan, y queda en un sueño eterno el aspirar a una mayor formación académica. De toda esta realidad tienen conocimiento en el ministerio de Educación.
Es más, cuando surgió la experiencia de los “peque peque escolares”, que de lunes a viernes recogía a estudiantes de una comunidad a otra que tiene nivel secundario, y por la tarde los regresaba a sus casas vía fluvial, fue tomada como una buena práctica a nivel nacional para adecuarse a una política de Estado en cumplimiento del derecho a la educación de miles de peruanos y peruanas en la figura de adolescentes de Loreto.
La ex alcaldesa que creó y promovió esta iniciativa fue la profesora Janet Reátegui Rivadeneyra, conocedora de la cruda realidad educativa y sensible a las aspiraciones de los niños, niñas y adolescentes de su distrito lo implementó con poco presupuesto y la colaboración de los padres y madres de familia.
Esta iniciativa fue tomada por el ministerio de Educación e hizo un estudio ubicando en Loreto a las comunidades donde sus escolares necesitan de este servicio de transporte fluvial escolar, para poder continuar sus estudios secundarios. Apenas pudieron cumplir con una o dos rutas más, por el Napo y Urarinas, pero la necesidad es mayor y no están cumpliendo.
Es por estos hechos, que nos enoja cuando escuchamos hablar que la educación es prioridad. ¿Prioridad? ¿Quién defiende a nuestros adolescentes que ya pasa el 2023 y no han podido cursar el primero de secundaria todavía? ¿Alguna autoridad educativa puede abogar por ellos y ellas? ¿Algún otro alcalde o alcaldesa se preocupa por solucionar esta cruda realidad? Esperamos respuestas, pero no sentados en malva. Ojalá.