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Siete viviendas son destruidas durante desalojo en asentamiento humano Amistad de Belén

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  • Familias afectadas cuestionan el procedimiento y aseguran que ocupaban los terrenos desde hace varios años.

Siete viviendas fueron destruidas durante un operativo de desalojo realizado en terrenos del asentamiento humano Amistad, en el distrito de Belén, en Iquitos, dejando afectadas a varias familias que cuestionan la medida y piden la intervención de las autoridades.
Según la versión proporcionada por los moradores, las familias venían ocupando estos espacios desde hace varios años. Los afectados sostienen que durante un prolongado periodo los terrenos permanecieron aparentemente abandonados, situación que habría permitido que se instalaran progresivamente en el sector.
Los vecinos indicaron que recientemente se realizaron trabajos de levantamiento de rasantes en la zona. Posteriormente, aseguran, apareció una persona reclamando derechos de propiedad sobre las áreas donde actualmente se encuentran asentadas varias familias.
Los moradores identificaron a Marco Gallardo Moreno como la persona que estaría reclamando la propiedad de los predios. Según su versión, habría retornado después de varios años para ejercer sus derechos sobre los terrenos ocupados.
Esta afirmación corresponde a la versión de las familias afectadas y deberá ser contrastada con la documentación que acredite la titularidad de los predios. Asimismo, será necesario conocer la posición de la persona señalada y los documentos que habrían sustentado la ejecución del desalojo.
Tras el operativo, siete viviendas terminaron destruidas, generando preocupación entre las familias que permanecen en el asentamiento humano Amistad. Los afectados cuestionaron las circunstancias en las que se desarrolló la intervención y pidieron conocer qué autoridad dispuso la medida.
Los moradores solicitaron que las instituciones competentes intervengan para esclarecer la situación jurídica de los terrenos y determinar si el procedimiento ejecutado cumplió con todos los requisitos establecidos por ley.
Las familias esperan acceder a la documentación que sustenta la propiedad reclamada y conocer la versión de todas las partes involucradas. Mientras tanto, los afectados demandan una respuesta de las autoridades frente a la pérdida de sus viviendas y la incertidumbre sobre su permanencia en el sector.
(K. Rodriguez)

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