- Declaró el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales Koki Noriega Brito, quien participa en el VIII Consejo Ejecutivo Regional desarrollado en el IIAP.
Al mencionado se le preguntó sobre un tema álgido que viene tomando relevancia en todo el país. Por su complejidad, por el daño que causa al medio ambiente, por la ilegalidad y hasta complicidad de una parte del poder legislativo con las actividades dañinas de la minería ilegal.
“Lo que viene ocurriendo es una muestra de que el Perú es muy centralista. Todas las instituciones competentes en fiscalización y normativa en temas medio ambiental y el sector minero, dependen mucho del gobierno central. OEFA es una entidad que fiscaliza el medio ambiente, ANA fiscaliza el uso del agua, entonces todo depende del gobierno central.
Hasta los ingresos que genera por cualquier tipo de tasas de derecho minero se centraliza. Y sin ver la magnitud de las necesidades de las regiones, dan un mínimo presupuesto para que las regiones intervengan, formalicen, fiscalicen” declaró Noriega.
¿Eso huele a complicidad verdad, el recortar el presupuesto para la lucha contra la minería ilegal?
-La corrupción siempre ha estado inmersa a todo el proceso y la minería ilegal siempre ha sido parte de la corrupción porque desde la campaña electoral entran congresistas a defender esos derechos y utilizan mecanismos para que puedan coger como paraguas a fin que ellos puedan libremente actuar en las zonas intangibles, operando y sacando los minerales, lo que genera la contaminación ambiental del agua, el aire, ese problema hace tiempo que se ha debido solucionar.
El ejecutivo ya conocía la situación que desde hace años el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), no había funcionado y hasta ahora no hay una propuesta técnica normativa y por eso la ley de minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), ha fracasado, porque no hay un consenso técnico.
Lo que siempre hemos pedidos es que las regiones tengan más competencias para enfrentar lo que es la contaminación ambiental, el proceso de fiscalización, los organismos que fiscalizan dependen en mayoría del gobierno central. Y desde manejar más de 83 mil Reinfos desde la capital, ahora todavía quieren centralizar las competencias, entonces es casi imposible.
Y como decimos, encima recortan drásticamente el presupuesto para la lucha contra la minería ilegal…
-El presupuesto que destinan es poquísimo a las autoridades competentes para su proceso de fiscalización. Acá pasa por un proceso donde que el ejecutivo con todo lo normativo y todas las autoridades competentes, se llegue a un punto de equilibrio para ver esta problemática que es tan grave en el país.
¿Y en estas reuniones, que entendemos son varias en diversas regiones del país, sirven para algo, cambia en algo la realidad del Perú?
-Voy a ser sincero, actualmente el ejecutivo que tenemos no tiene una buena visión. No tiene un buen equipo técnico que entienda la situación que el Perú necesita reformas, que las regiones necesitan mayor atención.
Entonces muchas veces este tipo de reuniones quedan en el vacío, por eso muchos gobernadores ya reniegan, son reuniones y reuniones y no aterrizamos en la parte técnica, hay acuerdos y esos de nada valen si no tienen el presupuesto y así van quedando en nada.
Antes varios gobernadores exponían la problemática y las propuestas ante la presidenta del Perú, ahora se ha tomado un acuerdo y solo lo harán 3 o 4 gobernadores de los más de 20 que han llegado a Iquitos. Lo que pasa es que casi el 90% de las regiones son mineras, entonces el impacto ambiental causa daño de manera directa e indirecta.
(Cabe mencionar que la presidenta del país, ya no se reuniría en el IIAP con los gobernadores, sino más bien en las instalaciones del Grupo Aéreo 42).
Por otro lado. ¿Qué tema tocaron con el gobernador de Loreto?
-Él está preocupado y propone que se vea cuanto antes el problema energético de la ciudad. Es prioridad que el ministerio de energía y minas se ponga a trabajar y solucione el problema de inversión en energía a corto, mediano y largo plazo. La población loretana merece contar con una energía de calidad porque los ciudadanos son los que están sufriendo por décadas esta problemática.
(Luz Marina Herrera Lama).
