-Directora del CAD advierte peligro para autoridades
– Contraloría ya no se limitaría, como cualquier órgano de control encargado de la fiscalización y auditoría, a identificar hallazgos y responsabilidades, sino que aplicaría directamente las sanciones.
Es lo que ha puntualizado la doctora Beatriz Boza, advirtiendo así a las autoridades, pero también poniendo el tema sobre el tapete para que sea analizado a profundidad, puesto que de aprobarse las nuevas autoridades quedarían paralizadas ante el temor y la posibilidad de ser denunciados y sancionados de inmediato por el organismo mencionado.
«Ya se perfilan quienes liderarán nuestros distritos, provincias y regiones en los siguientes cuatro años. Así como en la campaña ellos han demostrado habilidad para enfrentar críticas y aprovechar oportunidades, esperamos que, honrados con el voto ciudadano, tengan la misma capacidad – o incluso más – para implementar sus propuestas, sabiendo escoger a sus colaboradores y preocupándose por lograr resultados. Hay expectativa y necesidad de que, como cualquier buen gestor, puedan liderar sus equipos de trabajo y hacer en cualquier momento los cambios que consideren necesarios para cumplir lo prometido. Queremos funcionarios públicos que tomen decisiones y que actúen con firmeza. No queremos que tengan miedo de hacer, sino confianza para actuar desde el primer día.
Si queremos todo eso, cuidemos que nuestras nuevas autoridades tengan las mejores condiciones para actuar. Y eso no va a ser posible si se promulga un proyecto aprobado la semana pasada en una comisión del Congreso. Con esa ley, no va a ser fácil que un funcionario público -incluyendo el presidente que asuma el 28 de julio y sus ministros- tome decisiones. Cualquiera va a preferir no hacer nada antes que estar en riesgo, pues el proyecto faculta a la Contraloría a suspender sin remuneración, destituir y despedir directamente a cualquier funcionario. La Contraloría ya no se limitaría, como cualquier órgano de control encargado de la fiscalización y auditoría, a identificar hallazgos y responsabilidades, sino que aplicaría directamente las sanciones. Un mecanismo muy eficaz, ¿pero deseable? Sería juez y parte porque acusaría, resolvería y sancionaría.
La contraloría requiere más recursos, no mayores facultades pensando que así se combate la corrupción. Olvidan que nuestro sistema de control no garantiza las condiciones adecuadas para una buena gestión, sino que muy por el contrario, entorpece y encarece la labor de nuestra administración pública. En vez de orientar el control hacia la prevención, se partiría de la premisa de que los funcionarios son corruptos, ineficientes e incapaces. Si eso es así, no hay sistema de control que funcione y, peor aún, ¿quién nos garantiza que los funcionarios de la Contraloría sean diferentes? ¿Qué cambios que la Contraloría exige a los demás está implementando ella en casa? El proyecto no sólo va a maniatar a las autoridades que vamos a elegir, sino que hará más difícil que podamos confiar en ellas. Y lo más preocupante es que este gran cambio, como muchas otras cosas en estas elecciones, está pasando caleta nomás», escribió Boza.
