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Servidores públicos de Loreto acatan paro de 48 horas en respaldo a trabajadores CAS

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  • Exigen al Congreso aprobación de beneficios laborales como CTS y gratificaciones.

La Federación de Servidores Públicos de Loreto inició ayer miércoles un paro de 48 horas en el marco de la jornada nacional convocada por la Confederación Sindical Unión Nacional de Sindicatos del Sector Estatal (UNASSE). La medida busca respaldar las demandas de los trabajadores bajo el régimen CAS, quienes reclaman mejoras y equiparación de derechos laborales.
Desde tempranas horas, servidores estatales contratados en distintas modalidades se concentraron en la plaza 28 de Julio, en Iquitos, para expresar su apoyo a la causa. La movilización recorrió las principales calles de la zona comercial y monumental de la ciudad, retornando posteriormente al punto de inicio.
María Elena Rodríguez, subsecretaria de la Federación de Servidores Públicos de Loreto, explicó que esta protesta forma parte de la jornada nacional de lucha programada para el miércoles 17 y jueves 18 de septiembre. “Estamos unidos para exigir que se respete el derecho de los trabajadores CAS y se reconozcan beneficios que hoy se nos niegan”, afirmó.
Los gremios CAS exigen al Congreso de la República la aprobación del dictamen de ley que garantice el pago íntegro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), además del reconocimiento de dos gratificaciones al año, correspondientes a Fiestas Patrias y Navidad.
Según los dirigentes, los trabajadores CAS realizan las mismas funciones que otros servidores públicos, pero reciben menos beneficios, lo que consideran una situación de discriminación laboral. Advirtieron que, de no atenderse sus demandas, se radicalizarán las medidas de fuerza.
Durante la movilización no se registraron incidentes, aunque el tránsito en el centro de la ciudad se vio afectado por varias horas. La Policía Nacional acompañó la marcha para garantizar la seguridad de los manifestantes y de la población.
La protesta de Loreto se suma a las acciones realizadas en diferentes regiones del país, en las que servidores públicos exigen al Parlamento y al Ejecutivo atender sus reclamos. El desenlace de esta medida dependerá de la respuesta de las autoridades en los próximos días. (K. Rodriguez)

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