-Aldo Atarama :
-Resoluciones judiciales deben basarse en la predictibilidad
Con relación a las actividades que están desarrollando en la Corte Superior de Justicia de Loreto, el doctor Aldo Atarama Lonzoy hace algunas precisiones:
Sobre la Predictibilidad
El tema de la predictibilidad es medular pues está relacionado a las resoluciones que emite el Poder Judicial, las personas se quejan cuando alguna resolución les resulta desfavorable y es ahí donde viene supuestamente las quejas porque el juez no resolvió bien.
Nuestra obligación como jueces es motivar toda resolución que significa poner razones, o el porqué se dispone un mandato de detención, pues no basta con poner la fórmula legal que hay suficientes elementos probatorios, sobre el peligro procesal y que la pena es mayor a cuatro años, eso no basta. Lo que se tiene que hacer es analizar estos parlamentos y decir por qué es que consideramos que existen suficientes elementos probatorios y por qué la pena punible a imponer va ser mayor a cuatro años, porque existe el peligro procesal que a la vez tiene dos componentes, el de perturbar la actividad probatoria y el otro de la fuga, es decir hay que poner el razonamiento lógico mínimo para poder entenderse por qué el juez decidió tal o cual situación.
La predictibilidad quiere decir que frente a casos parecidos o idénticos, el juez tiene que resolver de una misma manera . La predictibilidad significa que todos debemos saber de cómo se va resolver un caso incluso antes que llegue al juzgado porque ya existe resoluciones reiterativas sobre tal o cual tema , muchas veces cuando dos o tres juzgados y que cada uno de ellas emiten resoluciones de distinta manera se produce lo que se llama la unificación de las resoluciones a través de los plenos jurisdiccionales que pueden ser de primera o segunda instancia o los obligatorios que los hace la Sala Suprema para unificar la forma de cómo resuelven los jueces.
La forma de cómo resuelven los jueces debe ser conocidos por la opinión pública para que vean en qué caso el juez se ha pronunciado o resuelto y por lo tanto en un caso parecido va tener que resolver de la misma manera. Debemos indicar que en el derecho nadie tiene la verdad absoluta, en el derecho las opiniones de los jueces, los fiscales, los abogados con relación al tema jurídico es mixta, es diferente, por lo que puede tener varias interpretaciones una Ley. Además la fundamentación, la motivación es una obligación que está conferida en la Constitución en su artículo 139 para fundamentar toda resolución.
En toda resolución judicial deben haber elementos objetivos materiales que relacione el tipo penal con el imputado, por lo que podríamos decir que si falla uno de esos elementos, simplemente la persona debe ser procesada con la garantía que no se va a fugar o va a perturbar la actividad probatoria.
Caso de las reparaciones civiles por sentencia a ex o a funcionarios públicos
La reparación civil es una deuda que una persona tiene por haber sido condenada y que está en la obligación de pagarlo, porque en el derecho penal se cumplen dos elementos uno es que es la pena o la sanción y la otra es la reparación civil, que es un elemento pecuniario básicamente o de restitución del bien.
Atarama indica que en una conversación realizada con los jueces, indican que la reparación civil deben hacerlo a solicitud de parte que es el Estado, por lo que el Estado es el que estaría en la obligación de exigir que se dé cumplimiento a las reparaciones civiles.
Debemos mencionar que hay una gran cantidad de funcionarios públicos que han sido condenados e incluso inhabilitados, sin embargo no están cumpliendo con la ejecución de la sentencia, para eso están los procuradores públicos y exigir al Poder Judicial para que se haga cumplir con las sentencias ya emitidas.
El otro tema es le caso de las inhabilitaciones que son parte de la pena, es decir esta persona no puede trabajar en la administración pública, sin embargo insistimos estas personas que están inhabilitadas se consiguen otro trabajo en la administración pública como si no hubiera pasado nada, y es ahí en donde se corre peligro que sus actos administrativos sean declarados nulos, pues están hechos por un funcionario que ha sido inhabilitado y no puede hacer actos administrativos con valor.
Estos casos deben ser tratados por el procurador público y exigir incluso que el Poder Judicial haga público la relación de las personas que han sido condenadas y que estarían en condición de inhabilitados, por nuestra parte vamos a tratar de dar cumplimiento a esta posibilidad.
Finalmente Atarama dijo que el proceso penal culmina cuando se ejecuta la sentencia. (WGN)
