- Juzgado de Loreto declara al afluente como sujeto de derechos ante la amenaza de derrames de petróleo.
Una comunidad nativa de Loreto liderada por mujeres logró que el Juzgado Mixto-Nauta I declare al río Marañón y sus afluentes como sujetos de derechos. La causa fue apoyada por el Instituto de Defensa Legal (IDL).
Mari Luz Canaquiri, miembro del pueblo Kukama, perteneciente a la comunidad de Shapajilla, del distrito de Parinari y presidenta de la Federación Huaynakana Kamatahura Kana, dice que el río se ve amenazado por los derrames de petróleo, lo que afecta la alimentación y salud de la comunidad, además de las plantas y animales que dependen del afluente.
“La contaminación petrolera por más de 50 años ha venido matando, contaminando nuestros ríos, hemos perdido gran cantidad de peces, cada vez que hay inundación sube todo ese petróleo, entonces, daña la salud de la población. Hay enfermedades desconocidas. Eso es preocupante y nadie ha ido a hacer un estudio técnico de cómo está la población. Cuando han hecho análisis de sangre toda la gente ha salido con metales pesados en su sangre”, asegura.
La batalla legal empezó en el año 2021 cuando Mari Luz Canaquiri interpuso una acción de amparo contra Petroperú, el Ministerio del Ambiente, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Ministerio de Energía y Minas, el Midagri y el Gobierno Regional de Loreto.
Maritza Quispe, abogada de IDL, explica que la titular del juzgado de Nauta (Corely Armas Chapiama), le reconoce al río Marañón y sus afluentes el derecho a fluir para garantizar un ecosistema saludable, el derecho a brindar un ecosistema sano, el derecho a alimentar y ser alimentado por sus afluentes, el derecho a la conservación, el derecho a restaurarse, el derecho a la protección.
“Pero además determinó que se reconozca a las organizaciones indígenas, en este caso a las Huaynakana, como guardianas y representantes del río Marañón”.
Quispe resalta que este fallo crea un precedente, pues es el primero de su tipo y servirá para que otros ríos que están siendo contaminados puedan ser protegidos. Solo existe un fallo similar en Colombia.
“Esta es una sentencia de primera instancia y seguramente va a ser apelada por la parte demandada”, sostuvo. (Jésica León).
