Seguridad no puede esperar

La seguridad ciudadana no puede seguir tropezando con trámites y diferencias entre municipalidades. Iquitos necesita contar cuanto antes con las cámaras de videovigilancia y el sistema de fibra óptica contemplados en el proyecto de seguridad. Si existe una inversión destinada a proteger a la población, resulta difícil entender que su ejecución pueda quedar paralizada por la falta de acuerdos para autorizar la instalación de los postes.
Las cuatro municipalidades tienen autonomía y nadie plantea desconocerla. Pero esa autonomía debe ejercerse pensando también en el interés de toda la población. Si existe un impedimento legal o administrativo, corresponde encontrar la fórmula que permita superarlo. Para eso existen las autoridades, los funcionarios y sus equipos legales: para resolver los problemas, no para convertirlos en obstáculos permanentes.
La propuesta de formar una comisión y sentarse a conversar con los representantes de las municipalidades es, por ello, un camino que debe ser tomado con seriedad. Los regidores también tienen una responsabilidad que asumir. Deben conocer las características del proyecto, entender qué está en juego y evaluar las alternativas que permitan otorgar las autorizaciones necesarias dentro del marco legal.
Porque al final de esta discusión no están los funcionarios ni las instituciones. Está el ciudadano que camina por las calles de Iquitos y que necesita mayor seguridad. Son miles de personas que esperan que las inversiones públicas se traduzcan en resultados concretos. No sería aceptable que una obra pensada para combatir la inseguridad termine limitada por la falta de coordinación entre autoridades.
También debe existir responsabilidad sobre lo que ocurrirá después de terminada la obra. Si las municipalidades tendrán posteriormente participación en la operación y mantenimiento del sistema, deben prepararse desde ahora para asumir esa tarea. No basta inaugurar cámaras y colocar postes; lo importante es que todo el sistema funcione y se mantenga operativo.
La seguridad debe estar por encima de las diferencias institucionales. Las autoridades tienen la obligación de dialogar y encontrar una solución. Iquitos no necesita más explicaciones sobre por qué un proyecto no puede avanzar; necesita que quienes tienen capacidad de decisión se sienten, se pongan de acuerdo y resuelvan. La población ya enfrenta suficiente inseguridad como para que ahora también tenga que soportar la burocracia de sus propias autoridades.