*Puntualizó el Defensor del Pueblo de la región Loreto, Dr. Abel Chiroque Becerra.
No es vidente. Pero sí está al día en todas las situaciones de conflictos que se generan en la región Loreto, por ello advierte a las autoridades locales, a las instituciones preventivas a fin que articulen esfuerzos y puedan atender a las poblaciones olvidadas del interior de la región, para que no se llegue a situaciones mayores.
Dio a conocer el ranking de la Defensoría de Pueblo en torno a las instituciones más quejadas. En Loreto se tiene a 5. Gobiernos locales, sector educación, gobierno regional, sector salud y sector interior.
Gobiernos locales con 160 casos registrados. Maynas con 29 quejas, San Juan 24. Punchana 21. Belén 14. El resto de casos se dividen en municipalidades del interior de la región. Educación con 99 quejas, las ugeles de Loreto tienen 76 casos. El resto se distribuye en instituciones educativas.
En el caso del gobierno regional hay 97 casos, repartidos entre las direcciones de agricultura, turismo, gerencia general. 52 casos en salud que se distribuyen en entre los hospitales, Geresa y establecimientos de salud. Ministerio del interior 37 casos. 24 casos que incluye a las comisarías, a las gobernaciones y la prefectura.
Sector justicia y derechos humanos. El máximo de casos se da en torno al INPE, a los establecimientos penitenciarios de Iquitos, de varones y mujeres. Están algunos organismos autónomos, el ministerio público, Reniec, Onpe, Poder Judicial en noveno puesto. También está la empresa de servicios públicos. El ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables en último lugar.
“Haciendo un poco de memoria, podemos mencionar que se han hecho intervenciones en el marco de los conflictos sociales. Hay que recordar que Loreto es una de las regiones que registra mayor conflictividad social en el reporte nacional.
Hay 30 conflictos socio ambientales. Ya vamos más de 39 meses que estamos en el primer lugar en el reporte de conflictos sociales a nivel nacional.
Dentro de estas acciones de intervención se ha visitado a los servicios básicos, de salud, educación, en el distrito de Puinahua-Bretaña/Requena.
Se ha intervenido en el tema de violencia en contra de la mujer. También se ha actuado en casos registrados en Instituciones Educativas por denuncias en contra de docentes por afectación a los estudiantes. También hemos intervenido ante las municipalidades distritales.
Se ha hecho una exhortación a nivel del comité regional de seguridad ciudadana, lo que ha permitido que, de las 23 municipalidades, ahora suman 30 las que han respondido que van a asignar recursos para el año 2024 y que han conformado instancias distritales de lucha contra la violencia.
Hemos puesto en la agenda regional la atención de la violencia sobre las víctimas. Se ha visibilizado por insistencia de Defensoría del Pueblo ante la autoridad regional; la precaria situación de las víctimas de violencia.
Defensoría del Pueblo ha levantado la voz para que haya mayor atención al problema de la minería ilegal en el Alto Nanay. Y esto desde antes que se dé la polémica concesión de INGEMMET. Defensoría del Pueblo ha emitido sendos pronunciamientos por la presencia de la minería ilegal. Hoy hay una mesa de trabajo, impulsada desde el ministerio del medio ambiente.
En el tema de seguridad ciudadana, hemos pedido que rindan cuentas sobre la ejecución del presupuesto sobre los recursos destinados netamente para una mayor seguridad ciudadana. El seguimiento del presupuesto es para que haya una adecuada rendición de cuentas.
En la sentencia del Tribunal Constitucional, a favor de dos asentamientos humanos de Punchana, estamos como supervisores a fin que cumplan con lo que manda.
Es una tarea conjunta y que desplegamos con el Vicariato de Iquitos y la mesa de concertación. Se tiene que cumplir con el mandato de la sentencia emitida. La tarea no ha terminado aún, pero sí ya hay advertencias que se ha enviado al gobernador y a la municipalidad de Punchana. Se les ha dicho que tienen que “ponerse las pilas” porque nuestros informes van a acarrear responsabilidades en las dos gestiones”, advirtió Chiroque.
¿Y cómo se desarrollará el año 2024 en torno a los conflictos sociales que aquejan a Loreto?
-Se viene un año de activismo social muy grande. Las organizaciones sociales como los frentes de defensa del interior de la región, han puesto los ojos sobre la gestión de los alcaldes. Esto ya se ha estado dando en los últimos meses. Está Pebas, Urarinas, Emilio San Martín, Yaquerana. Se viene un activismo fuerte en el control de la gestión de los gobiernos locales. Ya han dado la alerta, entonces hay que prevenir ello.
En el tema de la prevención debemos actuar de manera conjunta. En el año 2024 la población va a actuar con mayor protagonismo, con mayor activismo, porque las estadísticas nos dan cuenta que los servicios básicos no han sido atendidos. Hay una brecha grande, eso genera preocupación e indignación en los ciudadanos y toman acciones de protesta.
De otro lado. Seguiremos con la supervisión de la gratuidad al derecho de la educación. Es un tema que no dejaremos de hacer. Lo venimos haciendo desde el año 2021. Igual actuando sobre la expansión de la minería y tala ilegal en el Putumayo, en el Napo. La minería metálica en Datem.
No basta solo las interdicciones, tiene que haber una alternativa, una atención integral, sino será un Madre de Dios. Hay que actuar de manera preventiva.
La minería ilegal genera daños irreversibles, así como otros problemas. Contaminación, trata de personas, presencia de ilegales, alcohol, drogas, deserción escolar etc. Igual está el narcotráfico en el Putumayo, todo esto son temas que se deben poner en la agenda pública.
Hay que proteger a los defensores de los derechos humanos y ambientales. En Loreto no tenemos víctimas como Ucayali, San Martin, Amazonas, pero tenemos que actuar preventivamente antes que haya una víctima. La atención y prevención a las víctimas de violencia, así como embarazo en adolescentes, continuará.
Así como luchar contra la anemia y desnutrición infantil en Loreto que se ha incrementado. Es un tema que nos preocupa muchísimo y que las autoridades deben tomar con seriedad a fin de disminuirla en el próximo año.
