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“Se tiene previsto que en el mes de marzo el MEF incluya en la partida 128 mayor presupuesto para las interdicciones de este año”

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  • Declaró Jorge Salinas Angulo, actual director regional de energía y minas.

Como es de conocimiento público, desde el año 2022 se conformó una mesa técnica de lucha contra la minería ilegal en Loreto. La secretaría técnica recayó en la dirección regional de energía y minas, que es la encargada de convocar cada dos meses a reunión de manera ordinaria y extraordinaria.
Sabido es que esa dirección no cuenta con presupuesto para la lucha contra la actividad minera ilegal, por lo que tienen que articular con otras instituciones, a fin de poder desarrollar acciones que no le permitan avanzar a los ilegales. Como la ordenanza para dictaminar la intangibilidad de las cuencas, a fin que no sean contaminadas.
“El año pasado salió la ordenanza de intangibilidad de los ríos, estamos a espera que ANA dé el visto bueno para ponerla en práctica, comenzar su ejecución exhaustiva en ese sentido” habló el director.
¿En el último CORESEC se escuchó que en la partida presupuestal 128 para la lucha contra la minería ilegal, solo contemplaron 15 mil soles, eso es irrisorio no?
-Sí. Luego del Coresec el gobernador indicó que se está gestionando un crédito complementario y que en el mes de marzo se estaría aprobando, de ser así las entidades competentes para este trabajo de interdicciones ya contarían con mayor presupuesto. En marzo se tiene previsto que el MEF incluya en esa partida más presupuesto para las interdicciones de este año.
Como grupo técnico hacemos el trabajo de articulación entre las instituciones, ver que no solo sea un trabajo de erradicar la actividad ilícita porque ésta incluso se ha intensificado al tener cierta aceptación de la población porque les genera ingresos económicos.
Nosotros como grupo técnico, no solo seguimos trabajando en esa lucha para extirpar la actividad ilegal; sino para darles alternativas a esas comunidades, ver soluciones, proyectos alternativos. Hablamos con PEBDICP y DEVIDA, que son instituciones que tienen presupuesto para la ejecución de proyectos que podrían implementarse en las zonas afectadas, para que parte de los pobladores puedan salir de esas tareas ilegales.

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