- Juzgado de Paz Letrado y de Investigación Preparatoria de Ucayali – Contamana emitió veredicto en aplicación del Decreto Legislativo N° 1384 que regula la capacidad jurídica de personas con discapacidad en igualdad de condiciones.
En concordancia con la aplicación de las 100 Reglas de Brasilia y el Protocolo de Atención Judicial para Personas con Discapacidad, el último martes, el Juzgado de Paz Letrado y de Investigación Preparatoria de Ucayali – Contamana falló a favor de Bryan Antonio Márquez Saquiray, persona con discapacidad psicológica, contemplando 12 años de medidas de seguridad de atención médica ambulatoria, y tratamiento por un profesional de la salud mental.
Bryan Antonio Márquez Saquiray fue encontrado en circunstancias en que presumiblemente pretendía abusar de un menor de edad, en el año 2014, fecha en que se le requirió un examen psiquiátrico forense, toda vez que el procesado evidenciaba no ser consciente de sus actos. Posteriormente, la División Médico Legal del Ministerio Público designó dos psiquiatras forenses que examinaron a Márquez Saquiray, dando como diagnóstico: trastorno bipolar orgánico, y limitación en el desarrollo psicomotor (lenguaje y marcha). Igualmente, se consideró la necesidad de brindarle asistencia personal, social, y legal; disposición que conllevó a que la Fiscalía solicite medidas de seguridad de atención ambulatoria en el Hospital de Contamana. No obstante, dicho establecimiento de salud informó de la carencia de psiquiatras.
Ante este panorama, el Juzgado de Paz Letrado e Investigación Preparatoria de Ucayali – Contamana se constituyó hasta el Hospital Regional de Pucallpa, donde informaron que tampoco se contaba con dicho profesional. Por último, el despacho resolvió designar al señor Juan Márquez Inuma, padre del procesado, como la persona que le facilitará el apoyo y salvaguarda, con el acompañamiento permanente del juzgado, sin perjuicio de continuar requiriendo al sistema de salud destine al personal profesional con el que se pueda lograr la rehabilitación del sentenciado.
Esta acción estuvo basada en una solución consultada en el II Congreso Nacional de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad, en la cual participó una delegación de magistrados de Loreto; capacitación en la que se socializaron actualizaciones normativas poco conocidas respecto al tratamiento de personas con discapacidad, y que al mismo tiempo viene contribuyendo a que los operadores de justicia sepan identificar y adoptar acciones oportunas en favor de este sector de personas en condición de vulnerabilidad.
(CSJ Loreto)
