-Representante de AIDESEP estuvo presente
-Henderson Hualinga, expuso problema ocurrido recientemente sobre contaminación en el río Marañón.
El actual tesorero de Aidesep, Henderson Rengifo, y pasado dirigente de FECONACO, se encuentra en EEUU participando en la sesión de la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos. Expuso frente a la Comisión junto con dos otros colegas peruanos de las organizaciones DAR (César Gamboa) y CAAAP (Hernán Coronado). El tema de la audiencia fue «los derechos de los pueblos indígenas y políticas de energía e industrias extractivas en el Perú.»
El caso actual del Marañón salió en el debate. Representantes del Estado Peruano dijeron a la Comisión que ya el problema de la contaminación está resuelto. Henderson y los otros aliados tuvieron que desmentir las declaraciones del Estado.
Él viene denunciando a las políticas del Estado que resultan en conflictos sociales como los que se ven ahora en el Marañón. Por supuesto, Henderson puede hablar con autoridad sobre el tema, pues es Achuar del Rió Corrientes y conoce muy bien como funciona Pluspetrol.
Es preciso que los hermanos de las comunidades sepan que mientras ellos protestan, hay un dirigente nacional acá denunciando al nivel internacional el tema. En estos días Henderson tendrá más reuniones con los Comisionados y otras instancias aquí, como el Departamento del Estado y en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Seguirá hablando de la situación en el Marañón como un caso emblemático actual de la violación de los derechos de los pueblos indígenas por parte de las compañías multinacionales y del gobierno.
Pronunciamiento ante representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
AIDESEP, organización representativa de los pueblos indígenas amazónicos del Perú, que cuenta con más de 30 años de labor a su favor, respetablemente se presenta ante Uds. a efectos de saludarlos y a la vez hacerles saber nuestro profundo malestar e indignación por la vulnerable situación en la que se encuentran los pueblos indígenas amazónicos peruanos causado por el actuar del Estado peruano, en esta oportunidad en materia energética y extractiva (hidrocarburos, eléctrico y minero), y a partir de allí generar nuevos espacios de diálogo con los representantes del Estado aquí presentes.
En el Perú, aún hoy en día, los pueblos indígenas amazónicos seguimos siendo sujetos de agresiones y vulneraciones de nuestros derechos a la vida, la salud, la diversidad étnica y cultural, el medio ambiente, el territorio, la consulta previa, el acceso a los recursos naturales y la autodeterminación, todos contenidos en la legislación nacional que va desde la constitución política del Estado, el convenio 169 de la OIT, la declaración de las naciones unidas de los derechos de los pueblos indígenas así como en normas y sentencias internacionales. Vemos así con mucha indignación que el Estado peruano no aprende de sus errores en contra de nuestros pueblos, pese a las muertes ocurridas en Bagua en Junio del 2009, y pese a haberse conformado en junio del 2009 el grupo nacional de desarrollo de los pueblos indígenas amazónicos, cuya labor terminó abruptamente por causa del gobierno peruano, lo cual requiere una urgente acción de su parte a fin de que culminen dichos compromisos asumidos con los representantes indígenas, principalmente en los temas de consulta previa.
Sin embargo, y pese a estos incumplimientos, nosotros nos mantenemos firmes en nuestras convicciones por la defensa de nuestros derechos, continuamos siendo dialogantes y por ello recurrimos cuando es necesario a las instancias judiciales tanto nacionales como internacionales en salvaguardia de nuestros derechos tal y como corresponde dentro de un estado de derecho.
Es el 26 de febrero de 2010 que la comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones de la organización internacional del trabajo emitió un importantísimo informe pidiéndole explicaciones al estado peruano en relación a diversos temas que van desde la insuficiente definición de pueblos indígenas, la pobre institucionalidad del INDEPA que hasta incluso llegar a recomendar al estado peruano la suspensión de toda actividad hidrocarburífera y/o minera en tanto no exista una norma que regule el derecho a la consulta, hecho que hasta la fecha ni ha sido ejecutado ni mucho menos se ha emitido una norma de consulta.
Vemos con mucha indignación que pese a existir estas recomendaciones de la OIT, nuestra organización tuvo que recurrir al Tribunal Constitucional, máxima instancia judicial en Perú, y allí obtener el 30 de junio de 2010 la sentencia contra el estado peruano (expediente 05427-2009-AC y que es la cúspide de otros 3 pronunciamientos ya existentes en materia de consulta – cordillera escalera, caso tuanama e indígenas aislados) para que emitan un reglamento de consulta a los pueblos indígenas, ordenando dicha máxima instancia nacional que dicha norma debe ser consultada previamente a su publicación. Sin embargo, ayer lunes 25 -como preludio a esta audiencia y a fin de presentarse como presuntos cumplidores del estado de derecho como lo hicieran en octubre de 2007 cuando se publicó el reglamento de la ley de pueblos indígenas aislados para sustentar ante Uds. la vulneración de derechos de dichos pueblos- ha salido en la página Web del ministerio de energía y minas aquí presente un proyecto de reglamento disponiendo que tendríamos 10 días para enviar nuestros comentarios sin darse cuenta que hasta la fecha éste no ha sido coordinado, ni mucho menos nos han invitado a consensuarlo, violando por ello abiertamente el mandato del tribunal constitucional.
Incluso, y pese a existir este mandato, nos siguen pidiendo participar de talleres y reuniones para temerariamente validar sus acciones, hecho que rechazamos por intermedio de la representante del ministerio de energía y minas en asuntos ambientales y energéticos, Eco. Iris Cárdenas, siendo su írrita respuesta que ellos se ciñen a las normas de participación ciudadana aprobados mediante Decreto supremo Nº12-2008-EM y la resolución 571, a lo cual le alertamos que en caso continúe con dicha política incumpliendo el mandato del tribunal constitucional ella y los demás funcionarios en línea serían pasibles de denuncia penal y de que los procesos en trámite ante dicho sector adolecerían de un vicio formal que los haría nulos de pleno derecho.
Pese a ello, el estado peruano en una directa confrontación al mandato constitucional insiste en su política energética contra los derechos de los pueblos indígenas, al haber otorgado la concesión de 12 lotes petroleros en la Amazonía peruana, los cuales han sido entregados de manera inconsulta conforme manda el convenio 169 de la OIT y sin una planificación previa con los pueblos indígenas, norma vigente desde 1995 para el Estado peruano, verificando que sólo se han efectuado talleres informativos donde dicen haber recogido las preocupaciones de los pueblos indígenas, sin darse cuenta que con dicha política energética inconsulta afectan nuestro derecho al territorio, el acceso a los recursos naturales y la autodeterminación que conforme manda el artículo 7 de dicho convenio.
Ejemplos claros de esta descoordinación, poca planificación y ausencia de políticas gubernamentales se verifican en los derrames de petróleo en la Amazonía peruana y de relaves en los andes que han contaminado ríos y campos de nuestros hermanos andinos. Nuestros hermanos Asháninkas, pese al retiro de la empresa hidroeléctrica, siguen permanentemente amenazados puesto que el estado peruano continúa con su intención de ejecutar dicho proyecto en perjuicio de los territorios indígenas de la selva central, hecho que se repite en las propuestas de territorios de indígenas aislados donde el estado en lugar de suspender actividades y culminar los estudios con un pronunciamiento expreso a dichas solicitude, facilita el acceso a dichas áreas a empresas petroleras y mineras, en clara contravención del ordenamiento internacional. La lista continúa, como es ahora los proyectos REDD, el programa nacional de conservación de bosques, la ley de servicios ambientales que el estado se resiste a consultar y coordinar como manda el convenio 169 de la OIT, a fin de justificar las inversiones de grandes capitales que continúan contaminando nuestro medio.
Por ello, nuestros pueblos han dado el especial encargo a AIDESEP, y en especial a mi persona, de hacer llegar el clamor del pueblo y decirle hoy al Estado peruano: BASTA YA DE ATROPELLOS y de VULNERACIONES DE NUESTROS DERECHOS, BASTA YA DE ABUSOS EN CONTRA NUESTRA, nosotros pedimos únicamente lo justo, y es que se respeten y cumplan las normas en materias indígenas. Somos un país mayoritariamente indígena y sin embargo quieren hacernos creer que somos minoría, y que por ello debemos someternos a lo señalen estas supuestas grandes mayorías. No queremos que se repitan más muertes injustas de Indígenas, mestizos y policías como las acaecidas en Bagua el año pasado, queremos un país donde exista un estado en el que se cumplan los compromisos internacionales asumidos por el Estado y de las normas emitidas en sus diversos niveles de gobierno.
Por ello, ahora en esta instancia, invocamos al Estado peruano una vez más cumplir con el Convenio 169 de la OIT, cumplir con la declaración de las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y con sus preceptos de cumplimiento de normas y de respeto de un estado de derecho, cumplir con el mandato del tribunal constitucional elaborando la norma de consulta en materia energética consultándola previamente a su emisión. En caso no realice la consulta en materia energética, los pueblos indígenas recurriremos a la auto consulta de cuyo resultado le haremos saber al estado peruano a fin de que respete nuestro decisión basados en la autodeterminación que nos reconoce el convenio 169 de la OIT. Los pueblos sí queremos desarrollo pero con identidad y respeto a nuestros derechos al territorio, la vida, la salud, los recursos naturales, la biodiversidad y el medio ambiente.
Atte.,
Los pueblos indígenas amazónicos.
