Iván Lanegra, adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo
- En respeto a acuerdos de consulta con indígenas
La Defensoría del Pueblo, a través del adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, viene pidiendo al Poder Ejecutivo para que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emita el decreto supremo que aprueba la creación del Área de Conservación Regional/ACR Maijuna–Kichwa, se informó hoy.
Afirman que dicha norma debe respetar los acuerdos alcanzados en el proceso de consulta previa realizado para su creación. “Han pasado casi ocho meses desde que se formuló este pedido -el 22 de abril- y más de un año desde la firma de los acuerdos alcanzados entre los pueblos indígenas Maijuna-Kichwa y el Estado, sin que aún se haya emitido la referida norma”, aseveró, Iván Lanegra, adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas.
En tal sentido, la Defensoría del Pueblo manifiesta su preocupación frente a la demora y reitera la necesidad de no postergar el cumplimiento de esta medida administrativa.
Asimismo, Iván Lanegra envió un oficio al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con relación al proyecto de construcción de la carretera “Bellavista–Mazán–Salvador–El Estrecho”, que atravesaría la futura Área de Conservación Regional Maijuna–Kichwa, que se ubica en la provincia de Maynas.
Lanegra recordó que, conforme a lo previsto en el Convenio 169 de la OIT y la Ley Nº 29785, el Estado tiene la obligación de realizar un proceso de consulta previa respecto de toda medida administrativa que sea susceptible de afectar directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como sucedería con la construcción de la referida carretera. Por ello, recomendó al MTC adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas que serían afectados.
Adicionalmente, el funcionario manifestó que en el marco del proceso de consulta para la creación del ACR Maijuna-Kichwa, se acordó que “en caso se construya la carretera se realizará un proceso de consulta previa conforme a las normas vigentes”.
Sobre el particular, el funcionario precisó que el Estado está obligado a respetar dicho acuerdo –que consta en un Acta de Consulta– de conformidad con los artículos 15° de la Ley 29785, Ley del derecho a la consulta previa, y 23.2° de su Reglamento. (MIPR)
