- El “municipio 10 x 10” opera como centro estatal en la triple frontera.
En el corazón de la isla Chinería, en el distrito de Santa Rosa (provincia de Mariscal Ramón Castilla, Loreto), un local de apenas 10 x 10 metros continúa funcionando como epicentro de la gestión pública para esta comunidad fronteriza. Desde este reducido pero, estratégico espacio operan módulos de RENIEC, SUNARP, GERFOR, GERESA y el MAC (Centro de Mejor Atención al Ciudadano), facilitando trámites y servicios a pobladores que viven a cientos de kilómetros de Iquitos.
El alcalde delegado encargado, Max Ortiz, explicó que esta sede —instalada hace años— centraliza la atención de los diferentes poblados de la isla y cumple un rol vital en la conexión del Estado con una zona históricamente relegada. “Aquí no solo atendemos a Santa Rosa, sino a todas las comunidades ribereñas de la isla Chinería. Nuestra labor es legítima y respaldada por ley”, afirmó Ortiz.
Sus palabras se dan en medio de la controversia generada por las recientes declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien calificó a las autoridades peruanas de la zona como “de facto”. Ortiz respondió con firmeza, reivindicando su designación y el reconocimiento legal que ampara su gestión, subrayando que su trabajo se realiza con transparencia y con el objetivo de garantizar el bienestar de la población. Pero hay que tener en cuenta que el alcalde de la provincia de Ramón Castilla, Julio Kahn cumple las veces de administrador del distrito de Santa Rosa.
Santa Rosa, ubicada frente a la ciudad colombiana de Leticia y próxima a la de Tabatinga, frontera con Brasil, es un punto neurálgico en la triple frontera amazónica. Su economía depende en gran medida del comercio fluvial, la pesca y la pequeña actividad turística, aunque enfrenta problemas de contrabando, narcotráfico y falta de infraestructura.
Históricamente, la comunidad ha demandado mayor presencia estatal para contrarrestar la influencia de actividades ilícitas y garantizar derechos básicos como salud, educación y registro civil. El “municipio 10 x 10”, pese a su modesta dimensión, es visto por los vecinos como un símbolo de soberanía y de resistencia frente a discursos externos que intentan desconocer la institucionalidad peruana en la zona.
Para muchos pobladores, la prioridad no es el debate político, sino el acceso a servicios y la presencia de un Estado que, aunque reducido en espacio, tiene un papel enorme en su vida diaria.
En la triple frontera, donde la geografía diluye límites y la convivencia entre tres países es parte de la rutina, la presencia de un pequeño local municipal dirigido por Max Ortiz reafirma de que la autoridad peruana sigue firme, aun cuando la política internacional intente ponerla en duda. (C. Ampuero)
