-Referente a ampliación de plazo para investigaciones de créditos agrarios.
-Ordenando que emita una resolución de acuerdo a Ley.
«La jueza de investigación preparatoria debió haber indicado en su resolución que pese a que el plazo estaba caducado sí se podía prorrogar. Si hubiera consignado la norma se podría saber los supuestos caducados pero no indica el fundamento jurídico, ni el fundamento fáctico respecto a esa salvedad.
Esa omisión no puede ser resuelta por parte de éste órgano jurisdiccional, es una omisión de parte de la jueza de investigación preparatoria, se ha producido un vicio insalvable. En mérito a las consideraciones la Sala de Apelaciones y Liquidación resuelve declarar Nula la Resolución 013-del 04 de julio de 2012- Ordenaron emitir una Resolución de acuerdo a Ley. Devuélvase» concluyó la ponente de la Sala de Apelaciones Dra. Edna Romero.
Esto a mérito que el día de ayer a las 10 de la mañana se llevó a cabo el pedido de nulidad del plazo ampliatorio para las investigaciones en la denuncia interpuesta desde el 30 de setiembre del 2009, por el manejo dado a los créditos agrarios en la región Loreto. Un plazo concedido al Ministerio Público por 8 meses más el mismo que vencerá a principios del mes de enero de 2013.
Ampliación observada por los abogados Ernesto Dávila, Adolfo Monsalve, Roy Reyes y Serman de la Cruz, quienes patrocinan a los implicados Roy Meza, Walter Cambero, Iván Vásquez y Lira Reátegui, quienes aducen que el fiscal Juan Ramos Navarro, hizo la solicitud de ampliación de plazo por 8 meses más para las investigaciones por tratarse de un proceso complejo, después de 11 días de vencido el plazo para hacerlo.
«Ocurre que existió negligencia de parte del fiscal Juan Ramos, nosotros hemos enviado copia de los actuados a la oficina de Control Interno para que se proceda a investigar al fiscal del porqué ha existido esa situación. El juzgado de investigación preparatoria al remitir la resolución de prórroga también debió remitir copia a la Oficina de Control Interno del Ministerio Público y no lo hizo. Pero ese hecho de forma y no del proceso en sí, no puede recortarse el derecho de investigación al Ministerio Público de lo que se trata es de llegar al fondo de lo ocurrido, además la Ley sí lo permite. Son 8 meses y ya van 4 meses, solo faltan cuatro ¿cuál es el temor? Además Contraloría de la República está por emitir su informe. Además no se les está persiguiendo, todos ellos están con comparecencia simple, no se está yendo contra sus derechos fundamentales.
Hay que indicar que sí ha existido obstrucción en las investigaciones porque no están remitiendo la documentación específica que se está solicitando, envían otros documentos y no los antecedentes para investigar bien. Ahora se han perdido varios expedientes importantes donde existen montos altos de entrega a empresas involucradas en la denuncia ¿dónde están esos expedientes? Entonces no pueden decir que no hay una labor obstruccionista, el hecho que asistan a declarar no significa que no haya ese problema, sino que no dan la documentación exacta requerida» sustentó el fiscal superior Antonio Valdez Hirene.
Por todo ello la Sala de Apelaciones y Liquidación conformada por el presidente Mag. Javier Sologuren Anchante, Dra. Edna Romero Ríos y Mag. José Cavides Luna, resolvieron que el tema debe volver donde la Jueza de Investigación Preparatoria Alicia García, para que sustente bien el pedido porque dejó un vacío insalvable en el aspecto de caducidad, a fin que complete bien su resolución de ampliación por 8 meses más para las investigaciones correspondientes.
