Quienes deben señalarnos el camino correcto, siguen dando muestras de cómo hacer para que la impunidad en el país como Estado siga reinando y por tanto generan un precedente implícito y nocivo para todas las instancias públicas e incluso el privado.
Esto debido a que nuestro Congreso de la República acaba de aprobar la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría, mediante el cual se autoriza al Congreso (autoautoriza) que designe por cuenta propia a la persona encargada de controlar sus acciones.
Así no queda de ninguna manera garantizada la transparencia, ni la objetividad. Es un absurdo, y aún más, insistimos un mal ejemplo porque la objetividad ha sido puesta en duda.
Varios ex procuradores han señalado que no tiene sustento legal, hace un daño grande a la lucha anticorrupción y que el Congreso confunde su facultad de autonomía. O sea el Congreso elige a su propio fiscalizador.
En qué parte de la referida Ley se concreta el desacierto antiético y antijurídico, justamente en el artículo 19 que dice que la Contraloría General, aplicando el principio de carácter técnico de control, designa a los jefes de los órganos de control institucional, excepto al del Congreso.
En la última parte se consuma otra de las actitudes con ribetes dictatoriales de una bancada mayoritaria de Fuerza Popular en el Congreso de la República que arrastra en complicidad a otros parlamentarios, al extremo de que ya se habla que el Congreso es el primer órgano del Estado ¿más que el Ejecutivo? ¿más que el Poder Judicial? Y el equilibrio de poderes dónde queda?
A fines de esta semana ya se hablaba concretamente de presentar iniciativas que modifiquen ese artículo. ¿Podrán en minoría? Aunque el presidente de la República Martín Vizcarra se mostró de acuerdo al respaldar al Congreso en este tema. Actitud que lo contradice en su política de lucha anticorrupción.
En definitiva, es un retroceso vergonzoso en la lucha contra la corrupción, de pensar que se dieron algunos pasos, como que de los jefes de control designados por la Contraloría no dependa su sueldo de la entidad que fiscalizan (caso municipalidades y gobiernos regionales), en busca de objetividad, de imparcialidad, justamente. ¿A dónde nos quieren conducir?
Retroceso vergonzoso
