Respuesta a la frontera

“El futuro próximo nos depara resultados transformacionales en la línea de frontera, y es que la tendencia de los eventos de hoy envía mensajes preocupantes ante la inercia de las instituciones y la indefinición de las políticas de estado respecto a plantear estrategias de acción e intervención objetiva más allá de marcos legales flojos e incoherentes.
En una reciente publicación de Ricardo Soberón, el autor pone las cartas sobre la mesa al exponer las condiciones actuales del incesante proceso de penetración de economías extractivas ilegales como el narcotráfico, la tala y la minería ilegal en pueblos indígenas amazónicos que se corre el riesgo de perder irreversiblemente la Amazonía.
Esta advertencia se suma a una serie continuada de sucesos que vienen siendo denunciando por las propias poblaciones de las zonas de frontera de la presencia de estas actividades y grupos organizados, que, ante la invisibilidad del Estado, estos están tomando el control territorial e imponiendo sus propias reglas de protección.
La frontera está ahí, es viva y avanza inevitablemente a su colapso, pérdida de identidad nacional y territorial. El departamento de Loreto cuenta con una extensión de 3,582.67 km de frontera cuyos límites les corresponde a 6 provincias, de los 8 existentes actualmente, de los cuales el 42% es la línea fronteriza con Colombia (1,493.14 km), seguida por Brasil con el 40% (1,428.25 km), y finalmente con Ecuador cuya línea de frontera abarca 4 provincias (Maynas, Datem del Marañón, Requena y Putumayo) con 661.28 km que representa el 18%.
En general, se han identificado problemas estructurales en la zona de frontera que están relacionado con la ausencia institucional del Estado, exiguos presupuestos asignados a los gobiernos locales, altos índices de pobreza y pobreza extrema, déficits de infraestructura, altas tasas de desnutrición y anemia, elevados índices de mortalidad infantil, decepción de la población hacia el gobierno central, gobierno regional y gobiernos locales; presencia de actividades ilícitas, entre otros.
Sumado a esto, la población en los talleres ha manifestado que existe limitado personal en las instituciones públicas en zonas de frontera (Puesto de Control Migratorio Caballococha), así como el incrementado del flujo migratorio irregular los que están relacionados con la minería ilegal, lavado de activos, extorsión con sicariatos, tráfico ilícito de migrantes, contrabando, trata de personas; y, en general, el crimen organizado dentro del territorio nacional.
Ante este problema social resulta necesario incrementar la capacidad operativa de las autoridades migratorias y reforzar el marco legal relacionado con la seguridad nacional y el orden interno.
La evidencia y hechos noticiosas dan cuenta de un territorio nacional totalmente convulsionado por la presencia de actividades ilícitas y delictivas camino a convertirse en una zona controlada por organizaciones internacionales cuyas reglas, términos, moneda de cambio y sometimiento establecen las condiciones de vida de nuestras poblaciones donde el gobierno nacional mantiene una apuesta tímida o no sabe cómo abordar estos problemas territoriales en la forma de darle vigor a sus políticas de intervención.
Está claro y es evidente que nuestra frontera necesita respuesta inmediata, y si esperamos al Estado para que intervenga será demasiado tarde, y tal como apunta R. Soberón, podemos perder irreversiblemente nuestra Amazonía. Estamos advertidos”. Nos unimos a esta advertencia dada por Roger Grández, investigador y economista loretano atento a estos análisis.