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Requisa en penal de Iquitos revela grave nivel de infiltración criminal

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  • Celulares, drogas y equipos de internet en pabellón 2.

Un operativo sorpresa realizado en el pabellón 2 del Establecimiento Penitenciario de Varones de Iquitos (ex Guayabamba) dejó al descubierto la magnitud de las actividades ilícitas que se gestaban tras las rejas. La requisa, ejecutada en coordinación entre agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y efectivos de la Región Policial Loreto, permitió la incautación de 18 teléfonos celulares, 11 cables USB, un módem wifi y diversas cantidades de drogas, cuyo tipo y peso aún son materia de peritaje.
De acuerdo con fuentes penitenciarias, la intervención se realizó tras labores de inteligencia que daban cuenta del ingreso constante de objetos prohibidos al penal. El despliegue tomó por sorpresa a los internos del pabellón 2, considerado uno de los sectores más críticos debido a la presencia de reclusos vinculados a bandas organizadas.
El director de la Oficina Regional del INPE, César Magno Flores, afirmó que los internos identificados como responsables serán sancionados de manera ejemplar.
“No vamos a tolerar que los penales se utilicen como centros de operaciones delictivas. Los internos sorprendidos en estas prácticas serán trasladados a penales de máxima seguridad”, enfatizó.
De manera extraoficial, trascendió que algunos de los reclusos podrían ser enviados al penal de Challapalca, en Tacna, reconocido por su régimen de aislamiento extremo. Esta medida busca desarticular las redes de comunicación y frenar la coordinación de delitos desde el interior de los centros de reclusión.
El hallazgo reabre el debate sobre la crisis penitenciaria en el país. Si bien los operativos son considerados un golpe necesario contra el crimen organizado, persiste la interrogante sobre cómo ingresan de manera recurrente estos equipos y sustancias a un penal que debería estar bajo estricta seguridad.
Organizaciones sociales y especialistas en justicia advierten que las requisas, aunque necesarias, son medidas reactivas que no atacan el problema de fondo: la corrupción y la débil fiscalización en el sistema penitenciario.
El operativo en Iquitos se suma a una serie de intervenciones recientes en penales del país, como parte de la estrategia del INPE para reducir la criminalidad que opera desde los centros de reclusión. Las autoridades han reiterado que el objetivo es garantizar que los establecimientos penitenciarios cumplan su función de rehabilitación y reinserción social, y no se conviertan en plataformas del delito.
(C. Ampuero)

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