- Comunidades y autoridades se articulan frente a la pesca ilegal en zona de alta biodiversidad.
- Un acuerdo intercomunal fortalece la coordinación institucional para proteger los recursos hidrobiológicos y garantizar la seguridad territorial.
Frente a las crecientes amenazas por actividades de pesca ilegal y no regulada, se ha establecido un sólido acuerdo intercomunal de cooperación para fortalecer las acciones de seguridad, control y vigilancia de los recursos hidrobiológicos en la cuenca baja del río Tahuayo, un espacio de gran importancia ecológica y cultural dentro del Área de Conservación Regional Comunal Tamshiyacu Tahuayo (ACR CTT), en la región Loreto.
Esta alianza busca enfrentar de manera organizada los riesgos que afectan la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la estabilidad de los medios de vida de las comunidades ribereñas, quienes ven amenazada su tranquilidad por prácticas extractivas ilegales que operan fuera de todo control.
Gracias al liderazgo del Gobierno Regional de Loreto, a través de la Gerencia Regional del Ambiente (GRAM) y con el apoyo técnico de Wildlife Conservation Society (WCS), se logró reunir a diversos actores clave como la Dirección Regional de la Producción (Direpro), la Capitanía de Puerto, el destacamento de la Policía Nacional del Perú de Buena Vista y las Organizaciones Locales de Vigilancia (OLV), consolidando así una red de colaboración para garantizar seguridad territorial y protección ambiental.
Durante la reciente reunión intercomunal, se asumieron compromisos para:
- Reforzar la respuesta frente a actividades ilícitas.
- Ampliar las capacidades operativas de las OLV.
- Establecer canales efectivos de coordinación con las entidades fiscalizadoras.
- Impulsar patrullajes conjuntos, monitoreos preventivos y campañas de sensibilización comunitaria.
El ACR Tamshiyacu Tahuayo es una de las principales zonas de conservación en Loreto, destacada tanto por su riqueza biológica como por el valor ancestral de sus pueblos originarios. Su defensa activa implica también preservar la armonía social, la seguridad alimentaria y la continuidad de prácticas sostenibles. Este nuevo acuerdo representa un paso decisivo hacia un modelo de seguridad ambiental compartida, donde la vigilancia, el control y la conservación van de la mano con la participación ciudadana y la acción institucional coordinada.
