-La Corte Suprema puede o no aceptar
Sobre la petición del fiscal supremo Pablo Sánchez para anular la absolución de los indígenas, el presidente de ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Aldo Atarama Lonzoy, hace comentarios sobre este tema que ha generado una serie de controversias. Para comenzar debo decir que el Ministerio Público en cualquier proceso penal está obligado a dar dictámenes, en este caso se está hablando de un dictamen del fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde y que según el resumen que aparece en el Internet estaría pidiendo la nulidad del proceso que se desarrolló en nuestra ciudad y que fue muy promovido por los medios de comunicación, en la medida que se trataba de una cantidad de dirigentes que tuvieron que trasladarse desde Andoas hasta nuestra ciudad para poder afrontar este proceso, de tal suerte lo que nosotros esperamos es que esto continúe y que la Sala Suprema que preside el doctor César San Martín llame a los abogados de las partes tanto de los agraviados como los procesados para que hagan su informe en una audiencia de vista a la causa y posteriormente emitir su informe.
Esto quiere decir que el proceso está en la mitad del camino, el dictamen del fiscal es una opinión que la sala suprema puede o no aceptar, va depender de cómo se realizó el evento, si está justificada la absolución o no, si se ha evaluado bien los medios probatorios o si hubo un vicio de nulidad. Esperamos que la sala en los próximos meses evalúe la complejidad del caso y vea si se evaluaron todos los medios probatorios que se debatieron y en función de eso emita la resolución que corresponda. Por eso recalco que la sala suprema no está obligada a resolver como pide el fiscal, es decir tendrá su propio criterio en función a lo que hay en el expediente y en función a lo que los abogados puedan aportar, es decir los abogados de las partes están notificados para que hagan sus informes ante la Corte Suprema de la República.
Para que la población conozca más sobre este tema, Atarama Lonzoy manifestó, lo que recién hay es una opinión del Ministerio Público, «todavía no se puede remover las aguas» más bien es una notificación para los abogados de las partes quienes tienen que exponer ante la Corte Suprema el porqué se tiene que confirmar o declarar nula la resolución, conforme lo ha pedido el Ministerio Público.
Es cierto que cuando un proceso se declara nulo, se vuelve a realizar un nuevo juicio si es que la Corte Suprema así lo decide, esperamos que la Corte evalúe de manera correcta lo que se ha actuado e investigado y emita la resolución aplicando no sólo la constitución y la Ley, sino a los problemas que trae, pues durante ocho meses estuvieron en nuestra ciudad familias indígenas que generó una serie de situaciones bastante complicadas, que es producto de temas sociales. No nos olvidemos que el mundo indígena tiene sus propias formas de entender sus relaciones con la sociedad civil occidental. Es bastante interesante la sentencia emitida por la Segunda Sala Penal de la CSJL en la medida de que una vez más la Corte Suprema tiene en sus manos un problema de naturaleza social que se judicializó porque existían indudablemente algunos delitos como homicidio, pero que fueron lamentablemente producto de problemas sociales, enfatizó. (WGN)
