La ciudadanía honrada de nuestro país espera muchísimo de las autoridades anticorrupción, y más aún de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción – PPEDC, encargada de garantizar el cobro de las reparaciones civiles a favor del Estado.
Existen casos de quienes salen de las cárceles sin haber cumplido con el pago de la reparación civil, es más, ni el monto sustraído al Estado es devuelto mediante los mecanismos que la legalidad contempla.
Información de 2023 señala que la Procuraduría solicitó el embargo de bienes y cuentas de procesados o sentenciados por delitos de corrupción sobre montos que ascienden a S/ 234,884,184.46, lo que significa un crecimiento del 90% en comparación del 2022.
Esto es positivo, cierto que constituye un gran avance en los términos de asegurar el pago de la reparación civil. Según el documento de gestión se presentaron un total de 1004 medidas cautelares a nivel nacional.
También confirmaron la gestión del primer remate judicial de ocho bienes inmuebles de sentenciados por delitos de corrupción, los cuales nuevamente ingresarán a oferta pública programada para fines de este mes. De ser adjudicados, el monto de la venta de dichas propiedades regresará al Estado.
Pero, existen muchos casos más. Se entiende que la Procuraduría muestra logros, avances, pero la percepción por los millonarios montos que el Estado pierde con los delitos de corrupción, es que falta recuperar muchísimo más, y mientras más se demoren en el recupero, la decepción ciudadana se incrementa, y es una de las causas también de los terribles males sociales que soportamos.
Lo indignante también es el descaro con el que muchos evidentes delincuentes políticos y sus cómplices, muestran sus signos exteriores de riqueza que no justifican con sus ingresos regulares. Estamos ante un monstruo que se defiende con corruptos encubiertos dentro de las entidades. Por eso la Procuraduría debe ser rápida y drástica en recuperar lo robado. Ya nos han hecho mucho daño a todos los peruanos y peruanas. Urge una excelente defensa de los intereses del Estado.
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Recuperar robos al Estado
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