Por la defensa del territorio y la vida. Es lo que ha confirmado el Gobierno Regional de Loreto a través de la Ordenanza Regional que promueve, reconoce e institucionaliza la vigilancia y monitoreo ambiental indígena, dotándolo de un marco normativo para articular intersectorialmente sus funciones y fines.
En otras palabras, se trata de efectivizar una real participación ciudadana en materia ambiental y además consolidar la facultad de conservar sus recursos naturales y territorios. Este último un tema bastante sentido en los últimos años y que en la actualidad vienen avanzando con el debido presupuesto, es que en realidad un proceso de titulación es costoso. El Estado ha respondido en la parte del presupuesto y con eso avanzan.
Así también, merece que los indígenas sean guardianes de sus propios territorios, quién si no ellos los más interesados en que todo sea favorable para sus vidas. Entonces, en su condición de monitores ambientales indígenas emitirá Reportes de Vigilancia y Monitoreo Ambiental que brinden información a las etapas de elaboración de los instrumentos de gestión ambiental y de ordenamiento territorial.
Ese es el texto técnico, pero, en otras palabras, los monitores ambientales indígenas desempeñarán una función que va más allá de la guardianía y se ubica en niveles casi cercanos a lo técnico, para lo cual se vienen preparando intensamente, no de ahora, sino desde hace unos años atrás.
Paralelo a estar en busca de ese reconocimiento, vinieron capacitándose para estar en la capacidad de realizar la medición de calidad ambiental, tanto de las aguas de los ríos, cochas, lagos y quebradas, así como de la tierra y del aire que respiran. Esto lo lograrán también con el aporte de la tecnología, para lo cual también se han ido preparando en el manejo y conocimiento de herramientas tecnológicas y las pruebas químicas a las que tendrán que recurrir para el mejor desempeño de sus labores.
Es con esta Ordenanza que el GORE Loreto busca fortalecer la gestión ambiental con la participación de las comunidades en sus diversas modalidades y denominaciones, y articular los esfuerzos con las entidades del Estado, en el objetivo de consolidar la facultad de conservar sus recursos naturales y territorios.
