- En asamblea extraordinaria organización Regional ORPIAN presenta pronunciamiento
Ante el incremento de las concesiones en territorios indígenas y las últimas normas legislativas que proponen mayores inversiones a costa de los derechos de los indígenas amparados por el Convenio 169 de la OIT, las organizaciones representativas de los pueblos indígenas convocados por la Organización Regional ORPIAN – P, en una asamblea extraordinaria presentan un pronunciamiento donde rechazan la minería ilegal y las leyes antiambientales.
Este pronunciamiento se realizó ante la presencia de los dirigentes de las organizaciones locales CIAP, CEPPAW, FISH, FIACSA, ODECOFROC, ORASI, ORFAC, FEMAAM y FECOHRSA, quienes tomaron una posición frente a la problemática general y sociopolítica de la actividad extractiva en el país y sus consecuencias en el territorio ancestral de los pueblos Awajun y Wampis.
“Por ello manifestamos que se rechaza actividades legales e ilegales que impliquen la destrucción sociocultural, ambiental, contaminación de bosques, ríos, quebradas y cochas, así como la vulneración del equilibrio eco sistémico. Ya que no se permitirá el ingreso inconsulto hacia sus territorios a foráneos, individuos con intereses particulares o comerciales, empresas extractivistas”, expresan.
Como por ejemplo, la implementación de la empresa minera Afrodita que viene operando en la Cordillera del Cóndor, violentando el derecho a la consulta previa de las comunidades afectadas. Además del desarrollo de la minería ilegal que ha perjudicado a la población de las comunidades indígenas de Santiago, Cenepa, Marañón y el Alto Comaina Numpatkaim (Quebrada Achuim PV Llave).
Además, en su pronunciamiento rechazan las autorizaciones que el gobierno local, regional y nacional ha brindado a las empresas extractivas sin antes haber realizado estudios técnicos correspondientes, consulta previa y recibir el consentimiento de los pueblos indígenas afectados. Finalmente, solicitan la intervención inmediata del Ministerio Público, para que se disponga una investigación a la Coordinadora Awajun, hoy autodenominada “Nación Awajun y Wampis” por apropiación ilícita de los bienes que el gobierno de Alan García donó en favor de los damnificado de Bagua, así como la apropiación ilícita de los inmuebles de ORPIAN – P. (MIPR)
