Putumayo: Epicentro de la producción de coca en el Perú

  • De 95,008 hectáreas de cultivos de coca a nivel nacional, más de 50 mil están en Loreto (53%).

Una estadística con cifras alarmantes. El último informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida) da cuenta que, para el 2022 la superficie de cultivos de coca en el Perú alcanzó las 95,008 hectáreas, y Loreto es responsable del 53% de esa producción, con más de 50 mil hectáreas. 
El narcotráfico desborda sobre todo en la provincia del Putumayo, cuyo aislamiento por falta de vías de conectividad tanto viales como digitales, la hacen propicia para la expansión de este negocio ilícito.
Tiene más de 1,600 kilómetros de frontera compuesta por río, y la presencia del Estado es sumamente débil. Literalmente, el narcotráfico se ha apoderado de esta parte del país a través de grupos narco-guerrilleros, principalmente, disidentes de las FARC colombianas.
Tener en sus manos el 53% de la producción cocalera es un negocio millonario, que los lleva a defenderlo a toda costa. El resultado es un aumento de la delincuencia organizada y una serie de delitos que han dado lugar a sucesivas declaratorias de emergencia.
Las contadas bases militares y policiales asentadas con deplorable precariedad en el Putumayo son insuficientes para contrarrestar esta perversa actividad del narcotráfico. Hay urgente necesidad de que se reinstalen las bases militares desactivadas inexplicablemente. La prioridad es la Base del Ejército de Flor de Agosto, que servirá como factor disuasivo de protección de la carretera Napo – Putumayo.
En este escenario, debe llamarnos a preocupación que la narco-guerrilla de las FARC y otros ejercen control de hecho en gran parte de la extensa vía fronteriza del río Putumayo. La navegación está restringida (prohibida de facto) entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana; es decir, 12 horas. Cualquiera que incumpla esta prohibición sufre inmediatas represalias como incautación de los productos que llevan, inmovilidad en el lugar de intervención hasta las 6 de la mañana del día siguiente en que la embarcación retenida puede iniciar su travesía, entre otras.
Para este control fáctico que ejercen, utilizan avanzada tecnología militar, como drones con visión nocturna, deslizadores de alta potencia y sofisticado armamento de guerra. Es claro que esta prohibición de navegación nocturna por el Putumayo es para realizar sus actividades ilícitas como el traslado de la hoja de coca desde territorio peruano al colombiano, el procesamiento de la cocaína y su posterior comercialización.
Como se ha dicho, actualmente existen más de 50 mil hectáreas de cultivos de coca en la cuenca peruana del Putumayo. Gran parte del lado colombiano está fuera de control del Estado de Colombia. A su vez, esta franja del país vecino funciona como un pequeño Estado Narco, bajo el control de la narco-guerrilla.
El mantenerse indiferentes e impasibles ante esta grave situación afecta peligrosamente la soberanía y la integridad territorial de nuestro país. En el lado peruano de esta extensa frontera puede reproducirse lo mismo que ocurre en la parte colombiana (un pequeño Estado narco). Esto resulta intolerable.
Las autoridades regionales y nacionales a cargo de la seguridad del país y de la defensa territorial deben tomar urgentes medidas para remediar lo anotado y evitar que aparezca un segundo VRAEM en el Putumayo con todas las consecuencias que ello deriva.
A este grave problema, se suma el de la pobreza que se cierne sobre la mayoría de habitantes, quienes luchan en medio de la carestía de servicios básicos, como agua, saneamiento y electricidad. Lo mismo la criminalidad organizada y delitos como homicidios, secuestro, trata de personas, etc.
La falta de presencia del Estado en el Putumayo ha creado un vacío de gobernabilidad, donde cabe el término “tierra de nadie”. Esto también viene ocasionando el despoblamiento de la frontera y su “colombianización”. Así, ha llegado a prevalecer el uso del peso al sol, se prefiere acceder a un puesto de salud o escuela colombiano, y por cada diez peruanos, nueve adoptan los usos y costumbres del país vecino en desmedro de la identidad nacional.
Ante todo ello, urge hacer frente al narcotráfico, criminalidad, carencia de vías de comunicación, pobreza extrema, falta de servicios básicos, entre otros, que reflejan la débil presencia del Estado para garantizar el desarrollo de nuestras fronteras, que comprenden gran parte del territorio nacional. (M. La Torre)