– Pese a que el gobierno anterior avaló proceso de remediación, pueblos indican que continúa la contaminación
– Y que se suspendan actividades extractivas hasta que se tengan los resultados de dicha auditoría.
Por más de 40 años los pueblos indígenas amazónicos de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, vienen siendo afectadas por la explotación de hidrocarburos. Estos impactos han sido generados por las operaciones en los lotes 1-AB y 8.
En el caso del Pastaza, Tigre y Corrientes la afectación se debe al desarrollo de actividades de producción y el vertido de aguas tóxicas a los ríos (hasta el año 2009), mientras que en el caso del Marañón el transporte permanente de hidrocarburos ha generado constantes accidentes y la contaminación del agua que consumen.
Pese a que el gobierno anterior avaló un proceso de supuesta remediación de los pasivos ambientales en la zona, los pueblos indígenas denuncian que la situación de contaminación se mantiene, por lo que solicitan a la nueva administración que se lleve a cabo una auditoría ambiental independiente y la suspensión de las actividades de hidrocarburos hasta tener los resultados de dicha evaluación.
Además, los indígenas alegan que se han vulnerado sistemáticamente sus derechos al territorio (nunca han sido compensados por las actividades superpuestas con sus comunidades) y la salud, por los constantes derrames y accidentes vinculados al oleoducto y al transporte fluvial del crudo. Reclaman, asimismo, que se realicen los estudios científicos correspondientes para determinar los grados de afectación sobre la salud humana y los recursos naturales en la zona.
Estas y otras propuestas serán planteadas por los representantes de los pueblos de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, agrupados en sus federaciones FECONACO, FEDIQUEP, FECONAT y ACODECOSPAT, durante la visita que realizarán a diversas instancias del Gobierno Central y organismos estatales entre el 12 y el 16 de setiembre.
Entre las instituciones con las que pretenden reunirse figuran el Congreso de la República, el Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Salud, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Cultura, Petroperú-Perupetro, entre otras.
