- Organizaciones advierten riesgos ambientales, sociales y territoriales en carreteras impulsadas en Loreto y Ucayali.
A hoy 30 de enero, organizaciones y representantes de pueblos indígenas de la Amazonía expresaron su preocupación por el avance de proyectos viales en regiones como Loreto y Ucayali, señalando que, lejos de impulsar un desarrollo sostenible, estas iniciativas estarían profundizando la expansión de economías ilegales, la deforestación y la vulneración de derechos colectivos, debido a la escasa presencia del Estado y al incumplimiento del derecho a la consulta previa.
Entre los casos más observados se encuentra la carretera Bellavista–Mazán–Salvador–El Estrecho, identificada como Ruta Nacional PE-5NI en Loreto, así como la vía Nueva Italia–Puerto Breu, conocida como UC-105 en Ucayali. Según el análisis presentado por organizaciones indígenas, estas rutas estarían siendo utilizadas como soporte logístico para actividades ilícitas como el narcotráfico, la tala ilegal y otros delitos vinculados a zonas de frontera.
En el caso de Loreto, la PE-5NI contempla una extensión superior a 185 kilómetros, siendo el Tramo IV, entre Salvador y El Estrecho, el punto más sensible del proyecto. Este sector atraviesa el paisaje Napo–Putumayo–Bajo Amazonas, considerado un territorio de alto valor biocultural que alberga extensas áreas naturales protegidas y comunidades indígenas con una fuerte dependencia del bosque para su subsistencia.
Estudios citados por los voceros indígenas advierten que un alto porcentaje de la deforestación amazónica en el país se produce en zonas cercanas a carreteras, lo que convierte a la infraestructura vial en un factor de riesgo cuando no existe fiscalización adecuada ni control territorial permanente por parte de las autoridades competentes.
El impacto no solo se refleja en el ambiente. En el área de influencia del tramo más cuestionado de la PE-5NI se estima que la carretera atravesaría directamente varias comunidades nativas y afectaría a decenas de poblaciones indígenas en su entorno cercano, incrementando la probabilidad de invasiones territoriales, conflictos sociales y la pérdida de medios de vida tradicionales como la pesca, la caza y el aprovechamiento sostenible del bosque.
En Ucayali, la carretera UC-105 ha sido identificada como un corredor binacional que conecta con Brasil y que, según las denuncias, facilita la proliferación de caminos informales y reduce los costos logísticos de economías ilegales. La limitada presencia estatal en estas zonas expone a las comunidades a mayores niveles de violencia, desprotección y presión constante sobre sus territorios ancestrales.
Otro aspecto señalado es el riesgo para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), cuyos territorios dependen de la integridad ecológica y del aislamiento para su supervivencia. La apertura de nuevas vías en áreas cercanas a estos pueblos representa, según las organizaciones, una amenaza directa a su vida, salud y continuidad cultural.
Frente a este escenario, los representantes indígenas aclararon que no se oponen al desarrollo ni a la infraestructura en sí misma, pero rechazan la ejecución de proyectos viales sin consulta previa, sin estudios integrales de impacto y sin garantías reales de control estatal, advirtiendo que el actual modelo de expansión vial podría profundizar la crisis social y ambiental que atraviesa la Amazonía peruana.
(K. Rodriguez)
