Cuantos más años pasan y constatamos que las medidas correctivas en nuestro país se emiten con vacíos, que al final terminarán por tumbar las buenas intenciones, esto nos resulta frustrante porque por un lado nos reconforta el querer salvar situaciones difíciles como la violencia contra la mujer, pero por otro lado no queda claro todavía el hecho de protección a la víctima, y menos el tratamiento a los agresores, es más la prevención.
Y entonces nos preguntamos cómo va la articulación entre las entidades del Estado que atienden de diversos aspectos una misma problemática social. Cómo hacer que se dé ese engranaje para obtener mejores resultados en beneficio de la sociedad peruana en general. En Loreto tenemos altos índices de violencia contra la mujer y en minúsculo porcentaje contra el hombre, que también merece atención, antes de incrementarse.
En ese contexto nos parece una gran medida que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya creado 24 Juzgados Especializados en Familia, para atender con celeridad los casos de violencia contra la mujer y las solicitudes de medidas de protección de las víctimas en todo el país. Y que empezarán a funcionar de manera permanente desde el 1º de agosto próximo en 20 distritos judiciales.
En el caso de Loreto y en particular Iquitos, nos hace recordar que cuando se trataron los casos de violencia contra la mujer enfocado en la recuperación de las víctimas, por parte de algunos organismos no gubernamentales, se observó que no se contaba con un espacio dónde atender a la víctima mientras el agresor sea procesado. Pero, que impotencia ver que la mujer tenía que regresar a casa, al mismo escenario de la violencia y junto al verdugo, arriesgando su vida y la de sus hijos.
Recordamos justamente que en un principio se estaba concibiendo a la actualmente Casa de la Amistad, como la Casa de la Mujer para que se instalen a las víctimas como una forma de protección, donde tengan tratamiento recuperativo psicológico, mientras la justicia la libera de un ser que dijo amarla y respetarla, pero que en el camino falta a su palabra y denigra a los miembros de su familia. Pensamos que el abordaje debería ser completo desde la lógica estatal: prevención, atención a la víctima y tratamiento al agresor, al margen de la decisión judicial pertinente.