Discurriendo, en el gratísimo trabajo de ojear todo escrito que tenga relación con las leyes promulgadas por el gobierno, nos encontramos con una ley que está en plena vigencia y que con el código civil de por medio ya modificado, mediante la ley Nº 29263, sanciona con pena de cárcel de hasta 6 años, el delito de tala ilegal y tráfico de especies de flora y fauna protegida. Antes de darse tal modificación, dicho delito recibía una sanción no efectiva de uno a tres años.
En cuanto a los delitos de contaminación del ambiente, con descargas y emisiones de gases tóxicos, ruidos y vertimientos o radiaciones, el citado documento señala que se hacen acreedores a una sanción penal de penas privativas de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.
Siguiendo la lectura del texto legal, encontramos que cuando tales actos conllevan formas agravadas, tendrán una pena que puede llegar a 10 años de cárcel. Debe aclararse que las formas agravadas se dan cuando se comete delito contra una o varias comunidades nativas o una área protegida; asimismo si el delito se comete con armas o explosivos o similares, también rige la penalidad, igualmente cuando el delito lo cometen dos o más personas y cuando el autor del delito causa lesiones graves o la muerte con sus ilícitos actos.
Como la vista de las causas que conllevan delito contra el medio, el ambiente y el equilibrio ecológico, estiman que dicha práctica se batirá en retirada, vemos sin embargo, que hay denuncias que señalan en la actualidad, la violación de tales reglas; sin embargo, hasta ahora desde la vigencia de la ley, han transcurrido 18 meses, desde enero del 2009 hasta julio de este año 2010; y no se sabe de ninguna detención ni desarrollo de algunos procesos por dichos delitos.
Sin duda alguna, al parecer, existen autoridades timoratas y cómplices embozados en determinadas instituciones que solapan dichos delitos cubriendo con su silencio cómplice a quienes han hecho de lo ilegal un medio de vida. Aquí es donde debe entrar a tallar la colaboración ciudadana que, por su condición de fiscalizadores naturales, tiene la gran obligación de colaborar con la justicia, denunciando todo acto que contravengan las leyes dadas para proteger nuestros boques y nuestro sistema ecológico natural.
Por demas esta decir que las autoridades tienen gran parte de la culpa en la deforestacion de nuestros bosques, ya que no controlan ni hacen cumplir la ley. Yo vengo denunciando desde hace 5 anios la tala indiscriminada de arboles en mi propiedad. Se han realizado innumeras visitas de fiscales y policias, encontrandose a individuos en plena tarea de destruccion, quienes han llegado a talar una plantacion de mas de 200 arboles de shiringa a punto de producir, y hasta ahora no se sanciona a nadie. Todo esto como pueden imaginar me viene costando un ojo de la cara y aun no veo senales de solucion al problema. La justicia se enreda en papeleos engorrosos y ni la autoridad forestal hace respetar la conservacion de los bosques. Es urgente que se tomen medidas acertadas a fin de evitar tanto atropello contra la propiedad privada y en general contra el eco-sistema amazonico.