El lamentable accidente acuático sucedido la semana que pasó y que dejó un doloroso saldo de más de 24 fallecidos, un número indeterminado de desaparecidos y cientos de miles de soles en carga y enseres, constituye a no dudarlo el más trágico suceso acaecido en la región y sin lugar a dudas, no será el último, si se siguen manteniendo vigentes las violaciones a las reglas de navegación que de haber sido aplicadas en el citado accidente, hubieran evitado tan desgraciados saldos trágicos de vidas humanas.
Hasta donde sabemos, anteriormente el control de zarpe de embarcaciones a cualquier punto de destino en las rutas que marcan nuestros ríos era responsabilidad de la Capitanía de Puerto de Iquitos; que cumplía a medias tal función, debido a la falta de implementación en cuanto a herramientas y apoyo logístico adecuado para tal fin.
Así tenemos que la responsabilidad del control y zarpe, podría decirse que es compartida por Capitanía de Puerto y la Autoridad Portuaria Nacional cuya sede en la región es Iquitos. Ahora si nos atenemos a lo manifestado por los titulares de ambas entidades, encontramos que la entidad que se encarga de las normas de seguridad (capacidad de pasajeros, número adecuado de chalecos salvavidas y otros aditamentos, es capitanía; mientras que el zarpe, una vez recibido el informe favorable de capitanía, es otorgado por la Autoridad Portuaria nacional y Regional).
Tal cruce de responsabilidades, si bien no impide encontrar responsables directos, crea en contrario todo un complejo escenario para determinar en directo el grado de responsabilidad de cuál o tal funcionario en hechos que degeneren actos como los que ahora deploramos.
Ahora mientras culminan las investigaciones, que por el hallazgo de droga en sus bodegas, se han complicado, creemos que las autoridades comprometidas en el esclarecimiento del accidente, deberán, una vez culminadas las investigaciones del caso, pedir con carácter de urgencia la implementación de las entidades responsables, con equipos y medios adecuados no solo para controlar, sino para actuar adecuadamente en casos de emergencia, como accidentes y sobrecarga, inclusive piratería fluvial, contando para ello con lanchas de seguimiento y control de embarcaciones, proclives a naufragar, así como lanchas artilladas par develar cualquier acto de piratería.
Los fondos para cubrir los costos de adquisición de tales herramientas, podrían provenir de un aporte que sería cubierto por las armadores de Loreto, cuyas lanchas pagarían un cupo para garantizar su seguridad; y por otra parte podrían adjudicarse a ambas entidades, el monto que provenga de la incautaciones por narcotráfico y finalmente lograr que el gobierno regional ponga lo suyo, hasta cubrir el monto requerido para adquirir todo lo antes indicado.
