- Gerente edil, Julio César Correa Ávila
- Servicios del profesional corresponde a una acción legítima de contratación, sin vínculo laboral con la municipalidad.
- Denunció que la alcaldesa Sonia Almeida y sus funcionarios están siendo víctimas de chantaje y extorsión.
Debido a una denuncia pública realizada en nuestro diario con el titular: Alcaldesa de Pebas inmersa en presuntos delitos de colusión agravada y cobro indebido, generó una nota de prensa donde se señala que respecto a la denuncia presentada por el ciudadano (regidor) Federico Dunu Tumi, sobre supuestos pagos indebidos a favor del Ing. Dino Pinchi Ruíz, el gerente de la Municipalidad Distrital de Pebas, CPC Julio César Correa Ávila, se expresó.
“Dicha información era de absoluto conocimiento del suscrito y la alcaldesa desde el 25 de agosto del presente año, fecha en la que un abogado que labora en una importante institución pública de la localidad y que anteriormente ha sido colaborador cercano durante la campaña electoral en Pebas y en parte en de lo que va de la presente gestión edil, había manifestado su intención de accionar contra el suscrito y la alcaldesa.
Asimismo, esta situación fue aprovechada por la ex pareja sentimental de la alcaldesa para chantajear y extorsionar constantemente y en forma deliberada a dicha autoridad edil”, señala la nota informativa alcanzada a la redacción a modo de aclaración.
Correa Ávila, quien nos corroboró la nota de prensa, prosigue: “Por lo que en mérito a nuestro legítimo derecho a la defensa, vamos a iniciar en los próximos días las acciones legales correspondientes en contra de estos dos individuos con las pruebas que obran en poder de nuestros abogados”.
Precisa: “Respecto a la denuncia formal presentada, quiero aclarar que esta gestión se ha esforzado en ser lo más transparente posible, porlo que rechazamos totalmente que se pretenda utilizar el término colusión a una acción legítima de contratación de servicios a un profesional competente y con probada experiencia para prestar los servicios para los que fue contratado”.
Anota, “sin embargo será la representante del ministerio público quien se encargue de realizar las investigaciones del caso a fin de determinar si existe algún tipo de falta con respecto a la mencionada contratación y, por supuesto, se le va a brindar todas las facilidades del caso y otorgar la documentación pertinente”.
Finalmente, hace un llamado “a todas las autoridades en ejercicio y funcionarios públicos de la región, a no ceder a los chantajes y extorsiones, y denunciar a los individuos que se dedican a estas malas prácticas” que se asoman a lo delictivo tipificado en el Código Penal del país”.
