En estos días se vienen realizando importantes reuniones sobre el llamado Presupuesto Participativo de las entidades públicas del Estado, gobierno regional y municipalidades, lo que es un mecanismo más para democratizar las decisiones de inversión presupuestaria.
La forma cómo ha sido planteada nos parece que está en la ruta de los objetivos de la democratización decidora, pero si bien la necesidad de infraestructura de fierro y cemento sigue dominando el número de propuestas, la cuota de proyectos sociales que invierta en el capital humano, es también una necesidad.
Además, otro aspecto a tenerse en cuenta es que cada vez más número de ciudadanos deben conocer en qué consiste todo este proceso de selección de proyectos para ejecutarse, donde los dirigentes y líderes comunales hacen llegar las propuestas a ser aprobadas.
La democracia va más allá de levantar la mano para elegir, implica también cómo hacer que cada poblador entienda y pueda dominar más los procedimientos que la ley, junto a los reglamentos permiten está mayor llegada a quienes de forma temporal administran los fondos de las entidades.
Hay otro aspecto también clave, y es la vigilancia al cumplimiento de los acuerdos o de los proyectos aprobados que debe ejercer la ciudadanía, sin embargo, esta es otra debilidad puesto que para esa tarea también se requiere de recursos, así como el soporte técnico y legal, de lo cual se carece o es muy mínimo.
Estamos en un sistema donde las reglas parecen jugarnos malas pasadas, sea por nuestros desconocimientos o porque nos invitan a hacer ciertas acciones, pero no se brindan herramientas para el cumplimiento, como en el caso de la vigilancia ciudadana.
Presupuestos
