Y los inquisidores no tuvieron más que morderse los labios y quedar en silencio. Parece el final de un cuento de esos macabros de la época de la Inquisición, cuando un librepensador tenía la audacia de hablar sus ideas y cuestionar las equivocadas o interesadas posiciones ideológicas como los dogmas de la fe de la Iglesia Católica de ese entonces.
En un acto digno de aplauso, el Presidente Ollanta Humala, devolvió al Legislativo la norma que dictaba que «le corresponde únicamente al Poder Judicial opinar si es de interés público la difusión de vídeos y audios, y se reprime con prisión a los periodistas que se atrevan a difundirlos en los medios, sin la previa calificación de la justicia».
Esto fue gestado por el congresista Javier Bedoya y aprobado en el Congreso de la República. Claro que la decisión presidencial ha causado una pataleta de niño engreído al autor de la infeliz norma legal.
Lo que hace el presidente Humala es pedir que en caso que la información sea de interés general o público, los periodistas que la difundan quedan excluidos de toda responsabilidad. Eso es defender la libertad de expresión.
Todos estamos de acuerdo en manifestar que de haber existido la ley mordaza en los tiempos de la dictadura fujimontesinista, jamás hubiéramos sabido de los políticos, militares, artistas faranduleros y empresarios metidos en una asquerosa danza de millones dados en vil corrupción.
Pero lo logrado a través del presidente no es definitivo. Todavía no podemos cantar victoria, porque los inquisidores insistirán en su propósito. Es de esperar que esta vez, la mayoría de congresistas no se dejen manipular por oscuros intereses.
