Titulares

Presidente de la Corte de Loreto socializó análisis sobre la pena de muerte para violadores

  • En debate convocado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En el marco del Debate Regional Descentralizado sobre la aplicación de la pena de muerte al delito de violación sexual de menores de edad, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Reynaldo Cajamarca Porras, participó como expositor, aportando un análisis sobre la viabilidad de esta medida en el Perú.
Durante su intervención, resaltó la gravedad del delito y recordó que el marco legal vigente establece la pena de cadena perpetua para los agresores de menores. “Este delito no tiene ningún tipo de beneficios penitenciarios”, enfatizó.
Cajamarca Porras también informó que, entre 2019 y 2022, el Poder Judicial dictó 554 cadenas perpetuas por violación de menores en el país; mientras que, en Loreto, entre 2023 y 2025, se han registrado 19 condenas de este tipo.
En cuanto al debate de fondo señaló que, si bien algunos la consideran una medida disuasiva, también hay estudios que demuestran que su aplicación no ha reducido su incidencia.
A su vez, advirtió el riesgo de error judicial, ya que si se aplica la pena de muerte y luego se descubre la inocencia del condenado, “sería irreversible”.
Luego, se refirió sobre la tendencia abolicionista de la pena capital en el Derecho Internacional, precisando que en Latinoamérica no hay un solo país que la aplique; mientras que, en Estados Unidos, solo se impone en 7 de 50 estados.
Asimismo, acotó la actual incompatibilidad de la pena de muerte con los tratados internacionales en los que el Perú está adherido, lo que impide su incorporación en el Código Penal.
Finalmente, Cajamarca Porras instó a una reflexión profunda sobre el tema, asegurando que la cadena perpetua ya representa una sanción contundente para este delito.
El evento, realizado en el auditorio del Colegio de Abogados de Loreto, contó con la participación de especialistas del ámbito judicial, académico y social, quienes expusieron desde diversas aristas la eficacia de esta controversial medida como el impacto en la lucha contra la violencia sexual infantil.