Llevando la voz de los presidentes de las 34 Cortes Superiores de Justicia del Perú, el magistrado Reynaldo Elías Cajamarca Porras, presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, sustentó ayer el proyecto de reforma constitucional que refuerza la independencia del Poder Judicial, ante la Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria, presidida por la congresista María del Carmen Alva Prieto.
Realizado en la ciudad de Iquitos, este evento clave, que constituyó la primera sesión descentralizada de la mencionada comisión, permitió al presidente Cajamarca Porras fundamentar de forma directa una propuesta articulada que recoge los aportes y consensos de los titulares de todas las cortes del país.
El proyecto plantea una sustancial reforma estructural, que abarca la Constitución Política del Perú, el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de la Carrera Judicial. En esa línea, se busca consolidar la transparencia, meritocracia y, fundamentalmente, la autonomía del Poder Judicial frente a estructuras que responden a criterios políticos o externos al sistema de justicia.
Escuela de la Magistratura: único canal para la carrera judicial y fiscal
Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura como único mecanismo constitucional de acceso a la carrera judicial y fiscal, priorizando en la formación profesional para el ingreso a la carrera, al más alto nivel, multidisciplinaria y a dedicación exclusiva por un periodo de dos años, seguido del ejercicio provisional y supervisado del cargo por el lapso de seis meses. Para ello, se propone la modificación de 13 artículos constitucionales: 142, 145, 147, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 182 y 183.
La propuesta también establece que la Escuela contará con un Consejo Directivo conformado por cinco miembros: un juez supremo titular (en actividad o cesante) elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia; un fiscal supremo titular (en actividad o cesante) elegido por la Junta de Fiscales Supremos; un rector de las Universidades con más de 50 años de antigüedad, elegido por los rectores en ejercicio de dichas universidades; un decano del Colegio de Abogados, elegido por sus pares de todo el país en ejercicio; y un decano de los demás Colegios Profesionales, elegido por los decanos de todo el país en ejercicio.
Fortalecimiento institucional: criterios técnicos y límite de edad
Uno de los puntos innovador es la limitación de edad para el ejercicio jurisdiccional. Se establece como tope los 75 años para magistrados en funciones, reconociendo la necesidad de renovación, pero también de experiencia acumulada.
Evaluaciones periódicas y objetivas
La propuesta fortalece el sistema de evaluación del desempeño judicial. Las evaluaciones se realizarán cada tres años y seis meses; y que tendrá como finalidad conocer el rendimiento y méritos de los jueces, así como detectar las necesidades de capacitación o recomendar la incorporación de mejores prácticas para optimizar la impartición de justicia.
La evaluación del desempeño medirá la eficacia y eficiencia en el ejercicio de la función, para lo cual se considerarán los siguientes aspectos: Resoluciones finales: 30%, gestión del proceso: 20%, celeridad y rendimiento: 30%, organización del trabajo: 10%, publicaciones jurídicas: 5% y desarrollo profesional: 5%.
Se propone la eliminación de la ratificación de magistrados cada siete años, porque viola el principio de independencia judicial y el derecho de las personas a ser juzgadas desde el derecho, y que solo es aplicable en dos países con tendencia a su desaparición.
Participación equitativa en el gobierno judicial
La reforma reconoce el valor del Juez de Paz Letrado al incluirlo como miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), democratizando su composición. Asimismo, el presidente de la Corte Suprema será elegido por todos los jueces titulares de los distintos niveles por un período de tres años, al igual que los presidentes de las Cortes Superiores del país, quienes serán elegidos por los jueces titulares que lo comprende.
Impacto presupuestal y eficiencia administrativa
Actualmente, el Poder Judicial recibe alrededor del 2.1% del presupuesto público nacional, cifra que resulta insuficiente para cumplir adecuadamente sus funciones a nivel nacional, en especial en zonas rurales y de frontera. La reforma plantea que se asegure por ley un piso mínimo del 4% del presupuesto nacional, a fin de garantizar una administración de justicia oportuna, cercana a la ciudadanía y con capacidad operativa real.
Revisión y depuración normativa
En el marco de esta reforma se plantea la derogación de cuatro artículos claves (84, 85, 86 y la tercera disposición complementaria final) de la Ley de la Carrera Judicial (Ley N.° 29277), eliminando disposiciones sobre la evaluación y ratificación de jueces, por atentar la independencia en el magistrado y que lo único que generó es conflicto de intereses. Se propone, además, modificar los artículos 67, 68 y 105 de dicha ley, con la finalidad de actualizar y sistematizar el régimen evaluativo.
La exposición que se delegó a Cajamarca Porras permitió enriquecer la propuesta de reforma a nivel técnico, y desde el reconocimiento a la diversidad social, cultural y geográfica del país, y con especial atención en la Amazonía.
Durante su intervención, el presidente de la Corte de Loreto desarrolló el tema: “Sistema de Administración de Justicia en el Perú: Principales problemas del Distrito Judicial de Loreto, reformas planteadas, en curso, por implementar, y medidas normativas que se requieren”. En ese marco, presentó estadísticas actualizadas sobre los delitos más frecuentes en la región, subrayando que las mayores brechas en la administración de justicia están relacionadas con la conectividad territorial.
«Hay más de 1,200 comunidades indígenas aisladas. Se requiere presupuesto para llevar justicia hasta ellas», acotó.
También participaron la jefa del Gabinete de Asesores de la Corte Suprema, Susana Silva Hasembank, en representación de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, así como los presidentes de las cortes de Huánuco, Amazonas, San Martín y Madre de Dios, quienes intervinieron de forma virtual. Expusieron además la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Loreto, Mery Aliaga Rezza, y el jefe de la Oficina Defensorial de Loreto, Abel Chiroque Becerra, abordando los principales desafíos del sistema de justicia en la región.
La iniciativa marca un hito institucional que apuesta por un Poder Judicial moderno, con autonomía efectiva, mayor presencia territorial y capacidad para responder a las demandas de justicia de los peruanos y loretanos.
