En reciente y riguroso informe técnico presentado ayer lunes, por la Corte Superior de Justicia de Loreto, el presidente Reynaldo Elías Cajamarca Porras, dio a conocer el incremento alarmante de la carga de casos judiciales por corrupción en esta región.
“El 2011 había 144 casos judiciales por corrupción, al 2025 hay una carga acumulada de 13826”, declaró Cajamarca Porras ante la atenta audiencia congregada en las instalaciones del Gobierno Regional de Loreto, donde se desarrolló la sesión ordinaria N° 03-2025 de la Comisión Regional Anticorrupción, que lidera la doctora Mery Lidia Aliaga Rezza, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Loreto.
Esto se traduce en un aumento del 900% de procesos judiciales por corrupción en los últimos 13 años. Tiempo en que ha crecido la ocurrencia de este flagelo, pero no la cantidad de juzgados que permitan una respuesta célere del sistema de justicia, el cual “no se da abasto”.
La problemática se agrava por la atención que deben dar los jueces penales a todo tipo de delitos, impidiéndoles la dedicación exclusiva y especializada que precisan los casos por corrupción; los que a su vez revisten complejidad por involucrar a múltiples imputados. Además, porque este lesivo fenómeno busca ser camuflado o imperceptible en la administración pública; de tal manera que, “conlleva analizar indicios, hacer inferencias y, con ello, una serie pericias específicas”.
“Hay casos donde hay 50 o 70 procesados, y se requiere la declaración de cada uno en cumplimiento del debido proceso. Todo ello extiende el tiempo para resolverlos”, dijo Cajamarca Porras.
“La ciudadanía percibe esta demora, y cuestiona que la justicia tarde en resolver los casos que involucran a autoridades y funcionarios (corrupción). Desde el Poder Judicial damos todo el impulso procesal; sin embargo, con suma urgencia hacen falta órganos especializados para enfrentar esta sobrecarga. La capacidad operativa de la Corte permanece tan igual que hace 13 años, donde habían 144 casos por corrupción. Hoy, resulta insuficiente”, amplió.
La estadística contundente, antecedentes y otros datos concluyentes valieron para que el Comité Regional Anticorrupción apruebe, por unanimidad, el informe técnico socializado por el presidente de la Corte. Este documento es crucial para reforzar la gestión conjunta que hará dicha instancia para la pronta creación de nuevos órganos jurisdiccionales especializados en delitos de corrupción de funcionarios en Loreto.
De manera desagregada, los procesos judiciales por corrupción tienen mayor incidencia en la sede central de Maynas, acumulando el 80% de la carga total en trámite; seguido de las sedes de Nauta y de Requena. Por otro lado, el 84% de estos se encuentran en etapa de investigación preparatoria.
