“Preocupa que el Dr. Atarama haya recibido amenazas contra su integridad personal”

– Presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Dr. Wilbert Mercado.
– Se realizan gestiones para que le puedan brindar las garantías correspondientes.

A la ola de violencia que azota nuestra ciudad se suma un elemento nuevo que es la amenaza a personas vinculadas a la administración de justicia, como es la amenaza contra su domicilio y su integridad física recibida por el presidente de la Sala Penal de Apelaciones, Dr. Aldo Atarama Lonzoy, tal como lo denunció públicamente el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto – CSJL, Dr. Wilbert Mercado Arbieto.
«Fruto del trabajo que nosotros estamos desarrollando, la población debe saber que el juez en la tarea de administrar justicia, es de una persona que no goza también de la protección del Estado. En este caso, nosotros queremos exteriorizar esta preocupación, que el Dr. Atarama viene siendo amenazado contra su domicilio y contra su integridad personal», relató el Dr. Mercado.
«Nosotros en ese aspecto estamos enviando las comunicaciones correspondientes para que se le pueda dar las garantías correspondientes para su integridad física. No es bueno que se trate de intimidar a los jueces que puedan resolver en un sentido o en otro», señaló.
El presidente de la CSJL opinó que: «Esa forma de trabajar mediante amenaza no corresponde a la construcción de un Estado Constitucional democrático, donde el juez en la comunidad cumple un rol fundamental de impartir justicia de acuerdo a las leyes vigentes en nuestro país, y de acuerdo a los hechos y las pruebas que se presenten en un proceso».
«Nosotros expresamos nuestro malestar por esta amenaza contra la integridad personal del Dr. Atarama, por parte de sujetos que no dan la cara con intenciones nada nobles», precisó.

VISITA DE TRABAJO EN ANDOAS
El presidente de la Corte de Loreto, también se refirió a la reciente visita de trabajo que realizó a la sede del Juzgado Permanente de Andoas, para constatar las condiciones en que funciona, siendo una zona bastante alejada y donde el nuevo juez «tiene el mejor propósito, la mejor voluntad para poder trabajar», aseguró.
Asimismo, informó que tuvieron una reunión con la población para recoger las preocupaciones. Una de ellas fue sobre un hecho emblemático ocurrido el año pasado sobre la violación contra un menor, donde el menor infractor fue trasladado para su resocialización a la ciudad de Iquitos por el Juzgado de Familia. «Sin embargo, los pobladores se preguntaban y quién se preocupa por la recuperación psicológica y social del menor agredido sexualmente. Acá debemos de pensar y tener alianzas con otras instituciones porque francamente está ausente la presencia plena del Estado y donde no hay, la justicia va a ser bastante limitada».
Otro problema se presenta respecto a los casos cuyas personas procesadas y agraviadas tienen que trasladarse hasta la localidad de San Lorenzo, capital de la provincia de Datem del Marañón y el costo del pasaje bordea los 100 nuevos soles. «Tenemos que analizar el tema de acceso a la justicia y ver si este juzgado (de Andoas) pueda mejorar su funcionamiento y ver que el juez se interrelacione con las comunidades indígenas que son mayoritarias por la zona».
Sobre el problema desatado en la comunidad de José Olaya, bastante distante de Andoas, donde los pobladores tomaron como medida de protesta el puente de la comunidad. «Nosotros conversamos con el fiscal que fue al lugar, donde concretamente  solicitan acciones por la contaminación ambiental. Creo que  siempre hay que invocar a que estos problemas se solucionen a través del diálogo». Calificó al caso como de carácter jurídico que tiene un contenido social.

SE HIZO RESPETAR EL MANDATO JUDICIAL
El Dr. Wilbert Mercado también comentó sobre el reciente desalojo de los invasores del terreno del INIA. «Lo que debe quedar claro es que el Poder Judicial es una institución que vela por la administración de justicia y está establecido que el principio de la propiedad privada se debe respetar y el que actuara como invasor constituye una situación ilegal que es el delito de usurpación».
Aclaró que el desalojo fue una acción preliminar donde intervino el Poder Judicial a pedido de los procuradores, quienes lo solicitaron ante el Ministerio Público, instancia que está desarrollando una investigación preliminar sobre estos hechos. «Tenemos que resaltar como institución la posición firme, valiente y consecuente de la Dra. Alicia García Ruíz, una jueza que hizo que se cumpla la decisión judicial afrontando la presión social y mediática, inclusive sin resultados que podríamos estar lamentando».
Finalmente, expresó su preocupación por el Ministerio Público «que hasta ahora todavía, a pesar que este hecho de usurpación se ha producido en el mes de diciembre 2013, no desarrolla la formalización de la denuncia correspondiente. Si bien se ha obtenido la recuperación del terreno que le corresponde al INIA,  falta determinar las responsabilidades penales porque se trata de la comisión de un delito. (D.López)