Precisiones sobre el reglamento del Fondo 2.5 y algunas verdades de los supuestos dirigentes “indígenas”

Por: Guillermo Sendon
Abogado de la Junta Autónoma del Puinahua

He tenido la oportunidad de leer una entrevista del 08 de mayo en el diario La Región al abogado de AIDECOBAP, Jorge Tacuri, donde, muy a su estilo, dice una serie de medias verdades que ameritan precisiones.
En primer lugar, debemos hacer una distinción entre el Lote 95 y otros lotes petroleros donde la explotación se realiza directamente sobre tierras comunales; es decir, donde efectivamente existen y viven comunidades. El Lote 95 está al lado de la capital del distrito de Puinahua, la ciudad de Bretaña, y en el último censo realizado en el distrito, menos del 3% de la población se autoproclamó nativa.
El abogado Tacuri sostiene que “la empresa petrolera está destruyendo la institucionalidad indígena” cuando todos sabemos que la asociación que él patrocina fue formada por un grupo de mestizos que vieron rentable crear supuestas comunidades indígenas cerca del lote petrolero y por eso decidieron autoproclamarse nativos.
Ahora resulta que el señor James Pérez, presidente de Aidecobap, se presenta como Kokama y sabemos perfectamente que no es capaz de pronunciar una frase en la lengua Kokama. El señor Pérez no vive en comunidad, no tiene costumbres ancestrales, no usa la lengua Kokama, ni se gana la vida como los comuneros de las auténticas comunidades.
Tengo el más profundo respeto por las comunidades auténticas y reconozco plenamente sus derechos; sin embargo, debemos tener claro que estas comunidades auténticas no pueden ser representadas por esta organización.
Definitivamente, además, no es la intención del Fondo cambiar las costumbres de las comunidades auténticas que se encuentren en el distrito, por escasas y pequeñas que éstas sean. Como abogado de la asociación privada que representa a la población mestiza del Puinahua, que es según el mismo censo el 94% de la población, la Junta Autónoma del Puinahua, puedo asegurar que no he nunca detectado animadversión alguna de nuestros representados contra las auténticas comunidades nativas. El problema que tienen los miembros de la JAP es con Aidecobap, pues sienten que esa organización hace el papel de una piedra en tierra de arado: estorba; en este caso preciso no permite el desarrollo que, después de tanto trabajar en casi un año de reuniones de Mesa Técnica, está finalmente al alcance de las manos de la población.
Es fundamental, además, que tengamos claro que en este momento hay un grupo de pobladores adictos a Aidecobap que están infringiendo la ley por orden directa del señor James Pérez. Cerrar una vía de comunicación imprescindible como es un río para estos pueblos es un acto criminal y es un delito tipificado en el Artículo 283 del Código Penal, como sabrá perfectamente el abogado Tacuri, sin adicionalmente expresar que el efecto es devastador para todos los pobladores del Puinahua, ya que les ha recortado la energía eléctrica, el agua y el aprovisionamiento correcto de alimentos de personas en estado de pobreza. ¿Es que acaso creen que los pobladores no nativos son de tercera categoría?
Hay una especie de mito acerca de que los grupos étnicos diversos podrían delinquir y no tener procedimiento de juzgamiento o automáticamente ser exculpados de cualquier crimen; eso no es cierto. Existe una legislación intercultural que exige tener respeto por los usos y las costumbres de los pueblos y podemos hablar, por ejemplo, de algunas comunidades que tienen la costumbre de cazar animales para sustentarse cosa que es prohibida para otras personas, o quizás otras comunidades que tienen la costumbre de embarazar a menores de 14 años lo cual sería un delito fuera de esa comunidad; sin embargo, en ninguna ley se permite que se cometan crímenes como cerrar vías de comunicación afectando pueblos enteros.
Tiene que haber condiciones mínimas de respeto y de convivencia nacional en un país multiétnico y multicultural, y esas son las normas nacionales de obligatorio cumplimiento, por ejemplo, no matar y no secuestrar. Debemos, antes de pretender sentarnos a discutir nuevamente algo que quedó zanjado -como es el Reglamento para la disposición del Fondo- exigir al Estado que sin temores sancione a los que cometen delitos escudándose en una supuesta condición de inimputabilidad y devuelva el orden y la paz al Puinahua.
Por otro lado, el Reglamento aprobado ha sido discutido largamente y modificado por sugerencia de diferentes participantes de la Mesa Técnica, quedando al final un documento que resultó del consenso de las partes. El Comité Ejecutivo Inicial, según se acordó, será integrado por tres representantes de AIDECOBAP, tres representantes de la JAP, un representante de la Universidad, un representante de Petrotal, un representante de Perú Petro, un representante de la Municipalidad Distrital de Puinahua y el Gerente Técnico; como se puede ver, se trata de un Comité bastante plural y éste es el que estará vigente sólo por un año de manera transitoria. El Comité Definitivo estará formado por tres representantes de los beneficiarios elegidos de manera universal entre la población, un representante de Petrotal, un representante de Peru Petro y el Gerente Técnico. El abogado Tacuri está pretendiendo que se excluya a Patrotal y a Peru Petro del Comité, sin embargo, siendo ellos los firmantes del contrato petrolero y por consiguiente de la adenda que crea el Fondo, ¿no resulta lógico acaso que sean parte del mismo?
Leí también en su entrevista que la Municipalidad ha sido ninguneada, cuando la verdad es que se le ha incluido como miembro del Comité Ejecutivo Inicial en contra de la posición de la JAP y a sugerencia de Aidecobap. No sé qué es lo que reclaman ya que incluso la Municipalidad incluso tendrá un porcentaje del Fondo de Desarrollo, además del canon que ya recibe. ¿Dónde está el ninguneo?
Sostiene Tacuri que han pedido al gobernador “que interponga sus buenos oficios para que no haya una masacre”, cuando los únicos responsables de cualquier suceso luctuoso que pudiera haber son quienes están cometiendo los actos delincuenciales que hoy en este instante están sucediendo. En el momento en que estamos conversando se mantiene secuestrados a más de quince personas dentro de dos embarcaciones secuestradas. Me parece un contrasentido que los delincuentes acudan al gobernador para que interponga sus buenos oficios y peor me parece que el gobernador los reciba, cuando lo que el Estado está obligado a hacer es poner orden y castigar el delito. Siento que se está dando un pésimo ejemplo de que todo se puede lograr con chantaje y medidas de fuerza. Espero de verdad que las instituciones funcionen y que los responsables de los delitos cometidos terminen en la cárcel que es su único destino natural.
Al final de la entrevista el buen Tacuri se quita la careta y después de tanto predicar acerca de los derechos de los pueblos resume el pedido de Aidecobap en cambiar la estructura del Fondo a una en la que su agrupación pueda tener el control absoluto del Fondo, es decir, dejó claro al final que su único interés es manejar el dinero de ese Fondo que es, aunque no lo quieran, de todo el pueblo del Puinahua y así lo será.