Una millonada de dólares solo en el primer trimestre del presente año por regalías, los mismos que sumados a los 2,564 millones de dólares entregados desde el año 1996 cuando la empresa empieza a explotar el petróleo, resultan siendo una cantidad más que cuantiosa e importante a la que definitivamente -hasta la fecha- el Estado no ha puesto el menor interés en obligar al MEF a hacer una reingeniería para la redistribución de dicho monto nada despreciable a favor de las comunidades nativas. Esto en agradecimiento a la custodia que dichos pueblos hacen de las zonas ricas en hidrocarburo. Y no solo por ello, sino porque nacieron en dicho territorio impregnado del cotizado oro negro.
Los pueblos originarios del Perú, las comunidades indígenas en Loreto son despreciadas desde el gobierno central hasta el regional. Son muchas las evidencias, solo haría falta conocer a fondo la estadística de los millones enviados por canon petrolero los mismos que jamás han llegado a los territorios mencionados para que impulsen un verdadero desarrollo, sino por el contrario en pleno 2012 los originarios siguen sumidos en el más grande olvido. Los jóvenes indígenas universitarios tienen que mendigar para que les den acceso al comedor popular gratuito ¿se imaginan tal mezquindad? Pese a que la UNAP también tiene un porcentaje del canon por el petróleo que extraen de las zonas originarias.
Han pasado años y no cumplen con el Acta de Dorissa, Pluspetrol viene cumpliendo con el monto acordado, pero el pésimo manejo del dinero a cargo de PEPISCO hace que los originarios no perciban que sus vidas hayan mejorado en algo, el llamado desarrollo comunal sigue siendo postergado. Con ese dinero, que no es poco, solo atinan a construirles postas médicas, botiquines, colegios como galpones donde se «ahogan» los niños, es decir no hay capacidad de gasto en obras innovadoras. Incluso el programa de técnicos enfermeros estuvo lleno de sospechas en cuanto a la oficialidad de sus enseñanzas. Hasta hace poco quienes estudian en el Instituto de Nauta, no contaban con el reconocimiento del Ministerio de Educación.
Pluspetrol señala que con dichos montos entregados contribuyen al desarrollo de la economía nacional y las zonas de donde extraen el oro negro, sin embargo sabe perfectamente que tales cantidades no están siendo bien distribuidas -sobre todo- en las zonas donde operan. En más de una oportunidad altos funcionarios han hecho un llamado al gobierno central y regional para que asistan a las zonas indígenas sumidas en pobreza extrema y pobreza desesperante, así como actuar ante los casos de hepatitis B que ataca a las comunidades más vulnerables. Prácticamente les han dicho: «si nosotros estamos aportando millones de dólares, ya depende de ustedes el decidir una equitativa distribución de los millonarios aportes en bien de los pueblos indígenas y así bajar los conflictos sociales que se reportan por el olvido eterno en el que siguen». Pero ese clamor no ha tenido eco.
Se anuncia una reunión más del gobierno regional y FEDIQUEP (Sabaloyacu) para evaluar el acta del Pastaza (4 y 5 de mayo) donde invitarán a Defensoría del Pueblo y Consejeros Regionales, mas el hecho concreto de conocer que hasta la fecha no han cumplido con el Acta de Dorissa, que se suscribió desde el 2006, genera poca confianza y esperanza en que se llegue a acuerdos importantes para los pueblos del Pastaza. En todo caso, la presencia de Defensoría del Pueblo debe impulsar cierta esperanza en el próximo encuentro.
