Por: Dr. Edhin Campos Barranzuela
Durante estos últimos meses, hemos asistido a una campaña con destino a la presidencia de la República, de manera muy siugéneris, toda vez que la misma se ha desarrollado en medio de esta terrible pandemia, propia de una segunda ola mortífera que ha venido dejando llanto, dolor y lágrimas a cientos de miles de hogares peruanos.
Entonces, como quiérase que la campaña electoral ha sido muy especial, los planes de gobierno y las explicaciones de cada uno de ellos, poco se han difundido y los peruanos han tenido escasa información para saber cada una de las ofertas y menos de las propuestas en materia de reforma de la administración de justicia.
En consecuencia, el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado, encargado constitucionalmente de impartir justicia, es por ello que es importante saber la agenda de trabajo para la reforma judicial de los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta electoral.
Por ejemplo el candidato que se encuentra en el primer lugar Pedro Castillo propone lo siguiente:
- Elección popular de los magistrados y propone que los altos funcionarios del sistema de justicia deben pasar por un filtro democrático y no ser designados por un pequeño grupo de personalidades.
- Plantea la supresión de privilegios económicos a los magistrados, pues precisa que en un país donde el maestro y el médico ganan sueldos entre 2 y 5 mil soles, no es justo que los jueces ganen sueldos astronómicos, en otras palabras propone la reducción de los haberes de los jueces y fiscales.
- Eliminación de la ratificación de los magistrados, que ha demostrado ser un mecanismo que se presta a la prebenda de fallos judiciales, sujeción al poder político y la presión mediática, por lo que se propone que sean sometidos a la revocatoria de sus cargos cuando las condiciones así lo permitan.
- Justicia en las comunidades originarias, pues el Estado socialista debe respetar las formas de impartir justicia en las comunidades originarias, nativas y campesinas.
Dentro de este contexto, es importante acudir a otras alternativas de gestión de gobierno de anteriores candidatos para la reforma judicial y que Gaceta Jurídica nos recuerda y además conocer algunas nuevas propuestas de los candidatos: - Mejoramiento del parque informático con la adquisición de equipos modernos, ancha base de internet, agresiva capacitación telemática a los operadores de justicia y además mejorar la infraestructura de los locales judiciales.
- Reforma integral del Sistema de Administración de Justicia, al establecimiento de un presupuesto no menor del 4% al Poder Judicial, que permita la autonomía en la administración de cada entidad vinculada al sistema de justicia del país.
- Remuneración a los jueces de paz, quienes son el primer eslabón de la justicia y que se encuentran mayor legitimados en la sociedad.
- Establecer una política criminal de seguridad ciudadana, en donde el principal protagonista, sea el vecino que merece protección y sosiego frente a la ola delictiva peruana y extranjera.
- La implementación de módulos de justicia para interconectar al Ministerio Público, Policía Nacional, con el Poder Judicial a fin de agilizar el funcionamiento de los 35 distritos judiciales del país.
- Cobertura total de las plazas titulares para jueces y fiscales, revirtiendo así el alto grado de provisionalidad en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Asimismo, se propone fortalecer la Academia de la Magistratura a fin de capacitar y actualizar a los magistrados para su especialización.
- Fortalecer el trabajo de la Junta Nacional de Jueces para que puedan desarrollar su trabajo dentro de un clima de confianza, para la selección y nombramiento, investigación, promoción, destitución y ratificación de todos los magistrados del país.
- Garantizar la independencia de los señores magistrados y coadyuvar a una agresiva capacitación en litigación oral para el correcto cumplimiento del sistema procesal penal acusatorio. Además impulsar la oralidad en todos los procesos judiciales.
- Redefinir las funciones de la Corte Suprema de Justicia de la República, para reducir su sobrecarga procesal.
- Aumentar el periodo de mandato del presidente del Poder Judicial y de los presidentes de Cortes Superiores de Justicia, que actualmente dura dos años, por lo que se propone que la duración se extienda a tres años y su elección sea en sufragio universal, secreto y obligatorio entre los jueces titulares.
- Fortalecer los órganos jurisdiccionales en zonas de difícil acceso a la justicia y difundir el uso de lenguas nativas en los procesos judiciales donde sus involucrados las utilicen como principal herramienta de comunicación.
- Garantizar mayor velocidad y difusión al expediente electrónico, la firma digital, los procesos y audiencias virtuales, así como consolidar las notificaciones electrónicas como medidas de modernización del sistema judicial.
En tal sentido, es necesario que durante estas semanas de campaña de la segunda vuelta electoral, se den a conocer los planteamientos de gestión de gobierno para la reforma judicial y se explique de manera clara, como se van a implementar en el próximo quinquenio.
