- Familia del suboficial cuestiona decisión fiscal y advierte grave precedente frente a agresiones contra la autoridad
Un nuevo caso ha generado indignación en la ciudad de Iquitos luego de que la fiscal adjunta provincial Katherine Melissa Gonzáles Cahuaza dispusiera la liberación de Alfredo Arturo Bon Blas, quien había sido intervenido por la Policía Nacional en presunto estado de ebriedad y es señalado como responsable de agredir a un efectivo policial en la sede de flagrancia.
De acuerdo con la información disponible, el intervenido fue trasladado tras su detención; sin embargo, durante su permanencia en dicha dependencia habría protagonizado un violento ataque contra el suboficial de tercera Jean Pierre Reátegui Tafur, a quien presuntamente le propinó un rodillazo que le ocasionó la fractura del tabique.
La gravedad de los hechos ha generado cuestionamientos, ya que se trataría de una agresión directa contra un agente del orden en pleno ejercicio de sus funciones, lo que, según especialistas en seguridad, no solo constituye un delito, sino también un atentado contra el principio de autoridad.
La madre del efectivo, Leydi Tafur, expresó su indignación y calificó la liberación como una humillación para su familia y para la institución policial. Señaló que existen evidencias, incluso registros audiovisuales, que demostrarían la agresión, por lo que cuestionó la decisión adoptada.
Asimismo, advirtió que este tipo de resoluciones podría generar un peligroso precedente, al transmitir el mensaje de que una persona puede agredir a un policía sin enfrentar consecuencias inmediatas, debilitando así la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
El suboficial Reátegui Tafur permanece en proceso de recuperación debido a la lesión sufrida, la cual requeriría tratamiento especializado e inmovilización, lo que también afecta su capacidad de servicio en la institución policial.
Diversos sectores han señalado que la respuesta frente a este tipo de hechos debe ser firme, ya que permitir la impunidad en casos de violencia contra agentes del orden podría incentivar conductas similares, poniendo en riesgo no solo a la Policía, sino también a la seguridad pública en general.
En ese contexto, la familia del agente exige que el caso sea investigado a profundidad y que se revisen las decisiones adoptadas, a fin de garantizar que se actúe conforme a la ley y que no se normalicen situaciones en las que la autoridad es vulnerada sin una respuesta proporcional del sistema judicial.
(K. Rodriguez)
