– Objetivo es la erradicación de la corrupción
El Presidente del Poder Judicial, doctor César San Martín Castro, y el Contralor General de la República, Fuad Khoury Zarzar, firmaron el pasado jueves 19 de mayo un Convenio que tiene como objetivo fijar niveles de coordinación y cooperación para promover y desarrollar acciones interinstitucionales que contribuyan a la erradicación de la corrupción.
El doctor San Martín dijo, con la suscripción de este acuerdo se concreta una más de las medidas propuestas en su plan de gobierno judicial, referidas al fortalecimiento institucional y también se consolidan las relaciones entre ambas instituciones con el fin de ayudar, dentro del ámbito de sus competencias, a la seguridad jurídica de nuestro país.
«Este Convenio nos permitirá construir políticas públicas de lucha contra el flagelo de la corrupción que es uno de los fenómenos que destruye la legalidad y la confianza ciudadana en sus autoridades y en las instituciones», afirmó.
Propuso firmar próximamente un acuerdo tripartito (Poder Judicial – Ministerio Público – Contraloría) bajo las mismas reglas de lo firmado. «Pero ya en una segunda generación que signifique ir concretando acciones más específicas, determinando pautas más rigurosas, programas y hojas de ruta».
Sostuvo que es necesario que los tres grandes órganos del Estado vinculados a la lucha contra la corrupción fijen métodos de intercambio de información, equipos de especialización conjuntos, entre otros aspectos. «Tenemos un objetivo común: cumplir con un mandato constitucional de luchar por afirmar la moralidad pública y la seguridad ciudadana», expresó.
Ratificó que la impunidad contra un delito es un crimen y que esto debe generar políticas de Estado.
A su turno, el contralor general de la República dijo que esta alianza entre ambas instituciones es un gran paso para la elaboración de una estrategia real y eficaz en la lucha contra la corrupción.
El documento suscrito busca fijar canales y mecanismos orientados a la detección, vigilancia y sanción de actos delictivos cometidos en el ejercicio de la función pública. Asimismo, crear el marco general para la transferencia de conocimientos, información y asesoría técnica, para utilizarla en el cumplimiento de los fines y objetivos interinstitucionales.
Además contiene diversas líneas de acción y compromisos, como el establecimiento de protocolos para el acceso a los sistemas de información que identifique a las personas involucradas en acciones de control, denuncias interpuestas por el Ministerio Público y procesos judiciales en curso.
Del mismo modo, brindar las facilidades necesarias en lo que respecta a la infraestructura, recursos humanos, materiales y tecnológicos, de acuerdo a su disponibilidad presupuestal y la colaboración de servicios de asesoría especializada para los casos de corrupción relevantes.
También armonizar normas y procedimientos para asegurar la eficacia de los resultados de las investigaciones efectuadas con el fin de lograr desterrar la impunidad de actos ilícitos, desarrollar actividades conjuntas de difusión, capacitación en materia de investigación y otros. El acuerdo tendrá una vigencia de tres años. (WGN)
