Reforzando la administración de justicia permanente en las zonas más críticas y en vulnerabilidad de la Amazonía, la Corte de Justicia de Loreto inaugurará el nuevo local del Juzgado de Paz de Santa María de Nanay, capital del distrito de Alto Nanay, cuya población estimada supera los cinco mil habitantes.
La idónea instalación es resultado de una labor coordinada entre la Corte de Loreto y la Municipalidad Distrital de Alto Nanay, que cedió en uso un local comunal para el funcionamiento del citado juzgado, mismo que el Poder Judicial ha renovado y equipado íntegramente para el óptimo desempeño del juez de paz.
Al mismo tiempo, la accesibilidad del local, en términos de ubicación y las renovadas condiciones físicas, favorecen el acercamiento de la justicia a las comunidades de esta zona en grave conflicto, y afectada por el accionar delictivo de la minería ilegal y la criminalidad organizada.
Emergencia en Alto Nanay
La minería aurífera ilegal en el río Nanay demuestra un incremento alarmante, cuya última evidencia se notició con la muerte de varias personas.
Los daños a la salud pública y al medio ambiente ocasionados por esta actividad son bastante conocidos, pero lo más preocupante es la amplitud de su impacto no sólo para las comunidades de la cuenca del río Nanay sino también para el más de medio millón de habitantes que concentra Iquitos, a través del consumo del agua y de las especies acuáticas contaminadas con el mercurio usada en la extracción del oro.
Cabe anotar que, entre el 2021 y 2023, se identificaron 122 dragas en el río Nanay, el más afectado frente a otros 10 del departamento de Loreto. Y aunque la infraestructura de los mineros ilegales aparenta ser rudimentaria, se ha comprobado que ésta busca encubrir su uso de tecnología avanzada, como Internet satelital Starlink, para coordinar sus actividades (Informe de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica).
En ese sentido, resulta urgente la actuación efectiva del Ministerio Público, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Aduanas, y demás entes competentes de contrarrestar la expansión de esta perjudicial actividad; un llamado reiterado que vienen haciendo las autoridades locales, organizaciones civiles y las comunidades, uniendo esfuerzos para proteger el medio ambiente y la salud pública de sus conciudadanos.
