El presidente del Poder Judicial, César San Martín, descartó hoy que el Proyecto de Ley aprobado en la víspera por el Congreso de la República, que dispone constituir una comisión para evaluar los ingresos de los jueces y suspende la vigencia de la Ley N° 29718, busque beneficiar sólo a un sector de la judicatura.
Explicó que lo único que se busca es establecer un mecanismo de estudio de factibilidad técnico financiero que haga viable el cumplimiento de la Ley N° 29718, que modificó el artículo 4 de la Ley N° 28212, la cual regula los ingresos de los altos funcionarios del Estado.»Independientemente de si se está o no de acuerdo con el texto de dicha norma, lo cierto es que la misma genera una serie de obligaciones que, como jueces respetuosos de la Constitución y las leyes, no podemos eludir», anotó.
La norma, que recibió el visto bueno del Congreso anterior, pese a las observaciones del actual Gobierno, indica que los Jueces Superiores, Jueces Especializados y Jueces Mixtos, y Jueces de Paz Letrados reciben una remuneración igual al 81%, 58% y 40%, respectivamente, de lo que percibe un Juez Supremo.
El Ministerio de Economía alega no contar con recursos suficientes para atender ese mandato legal, el cual, por cierto, generaba posiciones divididas entre los jueces.
San Martín sostuvo que se trata de corregir una Ley para lograr que financieramente sea factible y que beneficie a todos los jueces por igual. «A la fecha esto no se ha cumplido, y por eso estamos dispuestos a participar de un espacio como el planteado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y asumido por el Congreso para darle una salida al problema», afirmó.
º Trabajadores
El presidente del Poder Judicial resaltó también que su preocupación incluye a los trabajadores de la institución . De allí su insistencia en que dichos servidores, sin importar si pertenecen a los regímenes 276, 728 y 1057 (CAS), sigan percibiendo un Bono de Productividad, financiado con recursos propios y que no generará mayor gasto para el erario nacional.
Como ello no fue finalmente incluido en la Ley de Presupuesto, la Sala Plena de la Corte Suprema enviará una iniciativa legislativa al respecto, sin perjuicio que toda esta bonificación se adapte luego a la nueva escala remunerativa próxima a aprobarse, acotó.
Reiteró que los fondos para entregar este beneficio hasta por 60 millones de soles provienen íntegramente de los recursos directamente recaudados por la institución y no generarán ningún gasto adicional, habiéndose además constituido en un importante instrumento para la mejora de la labor institucional. «El otorgamiento de este bono en el 2011 permitió elevar el índice de productividad de los servidores judiciales en un 9%», anotó.
