Por: Fernando Meléndez Zumaeta
Planificador Estratégico del Perú
Lo primero que hay que precisar es que modernización de la gestión pública no significa solamente mecanizar procedimientos y comprar masivamente ordenadores. Al respecto, cabe recordar que los ordenadores son una especie de “sabios idiotas” que pueden manipular inmensas cantidades de datos, millones de veces más rápido que los humanos, pero que no comprenden lo que hacen y no tienen un pensamiento independiente y además, su principal problema es que no pueden, por el momento, programarse a sí mismos. Modernizar la gestión pública no significa reducir el tamaño de las instituciones y despedir personal. Todo esto puede ser o no parte de un proceso de modernización, pero son simples actos administrativos.
De lo que se trata es de construir una gestión pública que corresponda a una organización y administración científicas, como diría Peter Drucker, interpretando a pioneros como Friedrich Taylor y Henry Fayol. La planificación o el planeamiento estratégico son instrumentos fundamentales en este propósito en cualquier tipo de organización, sea pública o privada. La función primordial de la gestión pública es traducir la voluntad de los ciudadanos y de sus organizaciones, en políticas, objetivos y metas que correspondan a sus aspiraciones, en términos del desarrollo de sus capacidades para insertarse en la sociedad, de forma tal que puedan disfrutar del bienestar que ésta ha logrado y pueda alcanzar. Lo que hay que modernizar fundamentalmente son las modalidades de captar e interpretar los intereses de los individuos y de la sociedad y las formas de diseñar las instituciones para que conviertan la información disponible en la sociedad, en conocimiento y en acción hacia el logro de objetivos y metas definidos por consenso.
La gestión pública no tiene por objeto administrar el pasado, su función esencial es construir el futuro, aunque es obvio que los pasivos del pasado constituyen debilidades y sus activos fortalezas, que influyen decisivamente en la imagen – objetivo que se propone en el “Proyecto de vida de un territorio”. Si esto es así, todas las sociedades, y específicamente sus organizaciones, deben hacer planeamiento estratégico, dialogar y concertar.
Esto presupone que los ciudadanos y sus organizaciones tienen que ponerse de acuerdo sobre cómo definir, medir y evaluar el cumplimiento de lo que propone la carta constitucional, que es la “partida de nacimiento” de un tiempo- histórico, en una sociedad civilizada; y lo más importante, de qué forma se van a diseñar las instituciones y cuál será la estrategia a seguir, de tal forma que se construyan, predominantemente, sinergias; y aceptando las discrepancias, haciendo plenamente vigente la tolerancia, se reduzcan al mínimo las confrontaciones.
En este sentido, la gestión pública, al captar información que convierte en conocimiento y a éste en actos administrativos concretos, debe necesariamente sustentarse en algunos principios e instrumentos cuya naturaleza sea esencialmente racional. Este concepto es fundamental ya que desbarata la idea de que la gestión pública es esencialmente “política”, lo que implica una distorsión de conceptos ya que ello se interpreta como que la gestión sería discrecional, en función de intereses que están en juego que aprovechan, desde su propia perspectiva particular, los instrumentos coercitivos del Estado.
Uno de los problemas que explica la pérdida de confianza en las instituciones públicas y las ineficiencias en la gestión, es justamente la separación entre conocimiento y acción, suponiendo que la “política” obedece a leyes propias, según los “juegos del poder”, y que por tanto usa arbitraria y discrecionalmente los criterios técnicos y científicos. Esto es muy importante, ya que la moralidad de la conducta depende de la coherencia entre el conocimiento y la acción voluntaria. Donde el conocimiento y la acción están divorciados, no hay fundamento para la ética. La conducta, para ser moralmente significativa, requiere del conocimiento que ilumina el significado y las consecuencias de la acción y de la decisión libre.
Estas consideraciones son muy pertinentes. Desde los tiempos de Maquiavelo, hay quienes entienden la política como el simple ejercicio de mantenimiento y aumento del poder. Podemos aceptar que eso pueda ser la “política” pero de ninguna manera la gestión pública. Sin embargo, la planificación no debe concebirse como un ejercicio tecnocrático solamente. Debe ser concertada, participativa y situacional, y por lo tanto no está ajena a factores políticos, entendidos como la confrontación de posiciones diversas que, en un régimen democrático, buscan definir y gestionar razones de interés público. Es en este sentido y no bajo el criterio simplista del “juego de poder”, basado en el interés partidario o de “lobby”, que tiene, una connotación política.
El desarrollo de los pueblos se planifica, no se improvisa, y los tiempos actuales nos exigen impulsar ese desarrollo de manera participativa, concertada entre todos los actores sociales, económicos, territoriales, ambientales y políticos e institucionales. La disciplina del planeamiento estratégico, cumple un papel fundamental en estos procesos claves. ¡Adelante!
4.5