-Fiscal Supremo Dr. Pablo Sánchez exige se realice un nuevo juicio oral
– Siguen las presiones a indígenas que protestan contra empresa petrolera.
Cómo para complicar más la situación política social hacia los pueblos indígenas en estos momentos en que otras comunidades han sido afectadas por un derrame petrolero; hecho que viene impulsando a los Apus de diversas zonas del Marañón a protestar contra la empresa Pluspetrol (ayer hubo marcha hasta su local); se aúna el pronunciamiento del Fiscal Supremo, Dr. Pablo Sánchez, quien pide la nulidad de la absolución de los 21 procesados que protestaron contra la empresa Pluspetrol, exigiendo además que se realice un nuevo juicio oral.
El Fiscal Supremo acaba de hacer el inusitado pedido a la Sala Penal Permanente, presidida por el magistrado César San Martín Castro. Cabe recordar que producto de la protesta iniciada por las comunidades nativas de: Nuevo Andoas, Los Jardines, El Porvenir, Titiyacu, 12 de Octubre, Nueva Jerusalén, entre otras; en marzo del 2008 contra la empresa Pluspetrol, se abre proceso penal por los delitos de homicidio calificado y otros contra principales líderes indígenas de las comunidades en pie de lucha para conseguir mejoras a través de diversas demandas.
El proceso penal que duró más de 8 meses de juzgamiento, concluyó con sentencia absolutoria emitida el 10 de diciembre del 2009 por la Segunda Sala Penal de la CSJL presidida por el Dr. Carlos Del Piélago Cárdenas, que en un hecho sin precedentes en Loreto, fue transmitida en vivo por la radio (LVS) y televisión (Canal 19). Absolución que fue recibida por la población como un acto de justicia debido a que todos conocen los impactos negativos que ha generado por décadas la explotación petrolera desarrollada en territorios indígenas.
Se aplicó el reconocimiento del derecho constitucional a la protesta, asumir que la criminalización de la protesta como una política estatal de control que pretende convertir al Poder Judicial en un instrumento de solución de conflictos sociales. La sentencia también se basó en pronunciamientos de la Iglesia Católica, así como informes de Defensoría del Pueblo sobre pueblos indígenas y la aplicación del Convenio 169-OIT en un caso penal a indígenas.
De prosperar la pretensión del Fiscal Supremo, habría sido infructuoso el esfuerzo realizado por los indígenas de Andoas de comparecer a un juicio oral que duró más de 8 meses y quienes durante todo ese tiempo se vieron obligados a abandonar a sus familias.
PRECISO RECORDAR…
El mencionado fiscal tuvo notoriedad a nivel nacional porque quiso revocar la sentencia emitida por la Sala Penal Especial presidida por el Dr. César San Martín, en contra del ex presidente Alberto Fujimori, que fue condenado por el delito de secuestro agravado (entre otros) en agravio del periodista Gustavo Gorriti.
De otro lado, es necesario recordar que desde inicios de la década de los 70, el Estado peruano impone actividades petroleras en las tierras ancestrales de las comunidades indígenas Achuar, Quichua y Urarina, ubicadas en la Amazonía Norte del Perú, en las provincias de Loreto y Alto Amazonas.
Así se conforma el Lote 1-AB en las cuencas altas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, inicialmente en manos de la OXY, hoy en poder de la Pluspetrol. También se creó el Lote 8 y 8X en las cuencas media y baja del río Corrientes, con pozos de producción desconcentrados en la cuenca del río Chambira y en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, inicialmente en poder de Petroperú y actualmente operado por la Pluspetrol. Los Lotes han sido determinantes para el abastecimiento energético nacional, durante décadas han cubierto la demanda nacional en un 40% (hasta la incursión del Gas de Camisea en el 2006).
