Peruanos contra peruanos

Antes cuando alguien con alguna representatividad era destacado a un puesto fronterizo, lo sentía como un castigo el haber sido confinado a la lejanía. En la actualidad no existe ni la más mínima sensación de aquello del pasado. Ser hoy destacado a la frontera, es un premio, una oportunidad para hacer dinero valiéndose del cargo, del grado, de la representación convertida en un arma para abusar del poder encargado por el Estado.
En los años ochenta del siglo XX, ser jefe o el último subalterno en una guarnición ubicada en el Bajo Amazonas, era haberse sacado la lotería, porque no pasaba narcotraficante ni la droga que transportaba a Leticia, si el sujeto no dejaba fajos de billetes americanos, como un presente para la autoridad, en agradecimiento a su amistad y protección.
La historia se repite, es cierto y de la peor forma. Hoy solo falta que el uniformado le ponga la ametralladora en la espalda a todo aquel que haga negocios en la frontera, allá donde no llegan las Leyes, menos aún la decencia ni la honorabilidad.
Los comerciantes que durante años realizan sus operaciones comerciales en ese poblado llamado Santa Rosa (una vergüenza nacional, situado enfrente de Leticia, Colombia y Tabatinga, Brasil, que son ciudades con todos los servicios y adelantos de hoy), Islandia y  Caballo Cocha, denuncian los abusos y maltratos de que son víctimas a manos de los aduaneros,  policías antidrogas, representantes de la SUNAT y Ministerio Público, que todos los días tienen en la mira a unos trescientos microempresarios legalmente reconocidos por entidades estatales y financieras de Iquitos, cumplidores de sus aportaciones tributarias al Estado.
A estos comerciantes peruanos, otros peruanos les decomisan su dinero, fruto de su trabajo y esfuerzo, acusándoles de estar involucrados en lavado de activos y tráfico ilícito de drogas. El dinero, en Reales brasileños y Pesos colombianos, que es lo que obligadamente circula en estos sitios, cuando es incautado por las autoridades peruanas, no es devuelto a pesar de demostrar en 72 horas, plazo que da el D.S. No.- 195-2013-EF, la justificación de su procedencia, legal por supuesto.
¿Qué es lo que tenemos en la frontera? Quiénes representan a nuestras entidades públicas y a lo que llamamos autoridad? Es hora que Iquitos investigue si estos son una gavilla de delincuentes que han tomado de tontos a peruanos honestos que se sienten impotentes y abandonados a su suerte allá donde la patria termina, donde el Estado es peor que un enemigo.