La Corte Superior de Justicia de Loreto, mediante la representación del Dr. Samuel Soldevilla Escudero, juez integrante del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio del Distrito de Iquitos, Provincia De Maynas, participó en la Primera Reunión de Coordinación frente a la problemática del incremento de denuncias de extorsión, convocada por la Región Policial Loreto. La reunión, en el auditorio de la Región Policial Loreto, fue organizada en respuesta al aumento de denuncias de extorsión que se vienen registrando en las unidades orgánicas de la Policía Nacional del Perú. El encuentro tuvo como finalidad articular acciones, evaluar escenarios y coordinar estrategias conjuntas para enfrentar este fenómeno delictivo que afecta a la ciudadanía. El Dr. Soldevilla, en representación del presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Dr. Reynaldo Elías Cajamarca Porras, destacó la importancia del trabajo interinstitucional entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional para fortalecer la respuesta frente a estos delitos y garantizar una intervención oportuna, respetando el marco legal y la protección de las víctimas. Durante la sesión, las autoridades policiales expusieron los indicadores recientes, las zonas de mayor incidencia y las dificultades operativas que enfrentan. Asimismo, se reafirmó el compromiso de todas las instituciones asistentes para continuar trabajando de manera articulada, reforzando medidas preventivas y optimizando la persecución penal. La Corte Superior de Justicia de Loreto continuará participando activamente en estas coordinaciones, reafirmando su compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad organizada en la región.
Capacitación estuvo dirigida a enfermeras y técnicas en enfermería para mejorar la atención de bebés prematuros.
El personal del Servicio de Neonatología del Hospital Regional de Loreto desarrolló una nueva jornada de fortalecimiento profesional mediante la charla educativa “Atención básica para el personal de enfermería del Servicio de Neonatología”. La actividad tuvo como finalidad actualizar conocimientos y mejorar los cuidados brindados a los recién nacidos prematuros. Durante la jornada, se enfatizó en la importancia de que el equipo de enfermería cuente con herramientas actualizadas para atender de manera oportuna a los bebés de alto riesgo. Según detallaron los organizadores, la capacitación busca reforzar competencias clave relacionadas con el manejo clínico del recién nacido. El objetivo central fue desarrollar habilidades y destrezas que permitan brindar una atención integral, segura y de calidad. El servicio destacó que una preparación adecuada del personal contribuye directamente a la reducción de la mortalidad neonatal, uno de los principales desafíos en el área de cuidados intensivos y de intermedios. La capacitación incluyó contenidos sobre la evaluación inmediata del neonato, técnicas de cuidado y detección de signos de alarma. También se revisaron protocolos de atención y procedimientos básicos que deben aplicarse en casos de prematuridad o complicaciones durante los primeros días de vida. El encuentro estuvo dirigido al personal de enfermería del servicio, quienes participaron activamente mediante consultas y revisión de casos frecuentes. Los profesionales reforzaron prácticas esenciales para garantizar un monitoreo adecuado y una intervención rápida ante cualquier eventualidad. El Hospital Regional de Loreto informó que estas actividades forman parte de su política de actualización continua para mejorar la calidad del servicio en áreas críticas como Neonatología. La institución señaló que los avances en la atención neonatal dependen en gran medida del trabajo del equipo de enfermería, cuya labor es fundamental en el cuidado diario de los recién nacidos. Finalmente, el nosocomio anunció que continuará promoviendo espacios de formación y capacitación para su personal, con el fin de fortalecer la atención de los pacientes más vulnerables y contribuir al desarrollo de una atención hospitalaria cada vez más especializada. (K. Rodriguez)
Especialistas evaluaron cuatro puntos en Cabo Pantoja y no hallaron indicios visibles de contaminación en territorio peruano.
La Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), realizó un monitoreo preventivo de la calidad del agua superficial del río Napo, tras el derrame de hidrocarburos ocurrido recientemente en el río Payamino, afluente ubicado en territorio ecuatoriano que desemboca en la frontera norte del Perú. El objetivo fue detectar posibles alteraciones en el recurso hídrico antes de su llegada al tramo peruano. Las acciones estuvieron a cargo de especialistas de la Administración Local de Agua Iquitos, quienes se desplazaron hasta la localidad de Cabo Pantoja, en el distrito de Torres Causana, provincia de Maynas. En esa zona se efectuó una inspección directa para identificar eventuales trazas de hidrocarburos o residuos asociados al derrame. Durante esta primera verificación no se observaron señales visibles que comprometieran la calidad del agua en el sector evaluado. Como parte del procedimiento técnico, el equipo aplicó el Protocolo Nacional de Intervención en Casos de Emergencia Ambiental que Afectan la Calidad de los Recursos Hídricos, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 156-2018-ANA. Bajo esta directiva, se seleccionaron cuatro puntos estratégicos para la toma de muestras, priorizando sectores vulnerables ante un eventual arrastre de contaminantes desde la cuenca alta. Los especialistas recogieron muestras destinadas a evaluar parámetros clave como Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH), aceites y grasas, sólidos totales en suspensión (STS) y metales totales. Estos indicadores permitirán determinar si la columna de agua presenta variaciones que excedan los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) establecidos para cuerpos de agua amazónicos. El material recolectado fue enviado al laboratorio SGS del Perú S.A.C., entidad acreditada por el Instituto Nacional de Calidad (Inacal). Una vez obtenidos, los resultados permitirán interpretar de manera precisa si existe afectación real en la cuenca y si deben activarse medidas adicionales de vigilancia o remediación ambiental por parte de las autoridades competentes. La ANA informó que mantiene activo su sistema de alerta y coordinación con instituciones locales, regionales y nacionales, así como con las comunidades asentadas en la ribera del Napo. El objetivo es garantizar información oportuna ante cualquier cambio que pueda poner en riesgo el ecosistema hídrico o las actividades de las poblaciones ribereñas que dependen directamente del recurso. Finalmente, la institución reiteró que estos monitoreos forman parte del trabajo permanente de supervisión ambiental que se desarrolla en la Amazonía peruana, especialmente en cuencas fronterizas expuestas a riesgos de contaminación transfronteriza. La ANA señaló que continuará evaluando el río Napo hasta contar con resultados concluyentes sobre el impacto del derrame originado en Ecuador. (K. Rodriguez)
Dirigentes señalan que, tras un mes de espera en Iquitos, no existe ningún avance en salud, educación, electrificación ni proyectos productivos
Las comunidades de la cuenca del río Tigre volvieron a expresar su malestar por la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Tras permanecer un mes en Iquitos a la espera de avances concretos, los dirigentes denunciaron que no existe ningún resultado visible respecto a las acciones urgentes anunciadas para su territorio. Aseguran que la atención ofrecida debía incluir mejoras en salud, educación, electrificación y proyectos productivos, pero que hasta el momento no han recibido avances ni información oficial. Segundo Panduro Guerra, representante de las organizaciones indígenas, señaló que las comunidades decidieron levantar el bloqueo territorial en el río Tigre como gesto de buena voluntad, luego de que la PCM se comprometiera a emitir una resolución y activar mesas de trabajo orientadas a enfrentar el abandono estructural de la cuenca. No obstante, indicó que desde entonces no han recibido comunicaciones formales que detallen progresos, fechas ni responsables de cada sector involucrado. “Nosotros cumplimos. Levantamos el bloqueo en la zona de Libertad porque entendimos que el diálogo debía continuar. Pero ya pasó un mes y aquí seguimos, sin recursos, sin apoyo y sin una sola respuesta concreta”, afirmó Panduro. El dirigente destacó que las comunidades están cansadas de acuerdos que quedan solo en el papel y de esperar indefinidamente la voluntad del Estado para atender necesidades urgentes. Los representantes indígenas también cuestionaron la falta de respaldo de las autoridades regionales y municipales. Señalaron que, pese a haber sostenido reuniones con alcaldes de la zona y con funcionarios del Gobierno Regional de Loreto, ninguna autoridad ha tomado acciones de seguimiento para exigir el cumplimiento de los acuerdos. Afirmaron que, en comparación con los comuneros, las autoridades locales tienen mayor capacidad de presión ante la PCM, pero no estarían ejerciendo ese rol. Entre las demandas centrales figura la atención inmediata a la precariedad de los servicios públicos en la cuenca del Tigre. Los dirigentes precisaron que las escuelas continúan con infraestructura de madera deteriorada y sin mantenimiento; los puestos de salud operan con déficit de personal y medicinas; y la mayoría de comunidades carece de electrificación, o solo accede a pocas horas de luz mediante motores antiguos y en mal estado. Los pueblos originarios insistieron también en la necesidad de implementar proyectos productivos de mediano y largo plazo que ofrezcan alternativas económicas sostenibles para las familias. La ausencia del Estado, advirtieron, deja a jóvenes y adultos expuestos a actividades ilícitas o a redes que se aprovechan de la vulnerabilidad económica que atraviesa la cuenca. “El Tigre ya no puede esperar más; nuestros pueblos están olvidados”, remarcó Panduro. Finalmente, los dirigentes exigieron que la PCM, a través del equipo de gestión de conflictos, cumpla con instalar las mesas de trabajo prometidas y avanzar en la emisión de la resolución anunciada para atender de manera integral a la cuenca del Tigre. Asimismo, exhortaron a las autoridades locales y regionales a asumir un rol activo en el seguimiento de los acuerdos y dejar de lado declaraciones que no se traducen en acciones concretas. (K. Rodriguez)
Corte Superior de Justicia de Loreto resuelve caso de Conducción en Estado de Ebriedad, conocido como “La bailarina” con efectividad.
La Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Loreto informó la conclusión eficiente de un caso por el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, tipificado en el artículo 274° del Código Penal, el cual fue resuelto mediante la aplicación de un principio de oportunidad, conforme a lo establecido por la ley. El Ministerio Público había solicitado la incoación del proceso inmediato contra Brianda Verenisce Linares Vargas, luego de que fuera intervenida el 18 de noviembre de 2025, a las 21:30 horas, en la intersección de las calles Las Lomas e Independencia, distrito de Punchana. Durante la intervención policial, la investigada conducía un vehículo menor (motokar) en aparente estado de ebriedad e incluso se atrevió a demostrar sus pasos de baile ante las cámaras de los medios presentes, como burla a lo acontecido. La intervención se produjo en flagrancia, por lo que la Fiscalía consideró que se cumplían los presupuestos para solicitar el proceso inmediato, conforme a los artículos 446° y 447° del Código Procesal Penal. Tras el análisis del caso dentro del circuito rápido de la Unidad de Flagrancia y con la aceptación de responsabilidad por parte de la imputada, el proceso culminó con un principio de oportunidad, herramienta legal que permite una salida alternativa cuando se garantiza la reparación del daño y no resulta necesario continuar con la vía penal. Como parte del acuerdo aprobado, se dispuso el pago de una reparación civil en beneficio del Estado Peruano – Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entidad agraviada en este caso. La Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Loreto reafirma así su compromiso con una justicia célere, transparente y eficiente, brindando respuestas inmediatas ante delitos evidenciados en flagrancia y aplicando mecanismos restaurativos que favorecen la paz social.
El antisoborno y la anticorrupción son prácticas para prevenir, detectar y combatir actos de corrupción. Mientras que el antisoborno se enfoca en la prohibición de ofrecer o aceptar incentivos para influir en decisiones, la anticorrupción es un término más amplio que abarca todos los actos ilegales de abuso de poder o autoridad para beneficio personal, como el soborno, el fraude y el desvío de fondos públicos. Ambos buscan promover la integridad, la transparencia y la ética en el sector público y privado. Este amplio concepto no es tomado en cuenta en prácticas efectivas y políticas de gestión que lleven a erradicarlo, porque también implica asignar presupuestos para lograr el éxito, lo que no se cumple. Una sola muestra son los comités anticorrupción ciudadana que, si las entidades ediles no les asignan un sol, no tienen ni para el papel. Estas iniciativas deben partir desde dentro de las entidades públicas y privadas, éstas últimas que están pasando por “agua tibia” a pesar de coludirse con los públicos. Todo esto nos llama a pensar, a propósito que esta semana la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial ha anunciado la aprobación de la Política del Sistema de Gestión Antisoborno de la institución, para prevenir actos de corrupción en la entidad. Adoptando una postura de tolerancia cero frente a este tipo de conductas. Y para tener éxito la institución está asumiendo compromisos orientados a la prevención de riesgos, mediante medidas que fortalezcan los mecanismos de control interno. Esta iniciativa no es nueva, pero qué bien que se esté dando este 2025. Veamos un poco de historia. Recordamos que se ofreció la instalación de un Comité Anticorrupción para una próxima gestión del gobierno regional de Loreto. Fue la propuesta lanzada por uno de los candidatos a presidente del Gorel, años atrás, en uno de esos pocos debates políticos. Ese candidato ganó las elecciones regionales, instaló el Comité Anticorrupción para su gestión regional presidido por una destacada profesional loretana conocida por su fuerte temperamento, además, que podría haber sido una característica ideal para el fiel cumplimiento de sus funciones, pero, tristemente el comité desapareció del mapa, no funcionó, o no la dejaron funcionar a decir de las decenas de denuncias por corrupción que surgieron contra esta gestión, y que costó cárcel para varios, y que todavía siguen cumpliendo con sentencias. De esta experiencia, lo que se puede rescatar es que, si desde la cabeza de una gestión sea de gobierno nacional, regional o municipal, no hay una línea anticorrupción, ningún comité, comisión, ni sistema que se pareciera, podrá funcionar, es imposible si desde quien lidera no hay respaldo total. Una muestra de lo posible: la gestión del presidente de El Salvador, y otros más en el mundo.
Recurso advierte que Girdler Torres seguiría firmando actos administrativos pese a que su apelación ya fue declarada fundada.
La vacancia del alcalde de Lagunas, Girdler Torres Rodríguez, fue declarada fundada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) según el registro interno del expediente publicado en su plataforma oficial. Sin embargo, a más de 20 días de haberse realizado la audiencia pública, la resolución final aún no ha sido notificada ni publicada, lo que ha generado preocupación entre los ciudadanos y denunciantes del caso. Ante la demora, el señor Willian Cabanillas Guela, parte del proceso de vacancia, presentó este 20 de noviembre un recurso formal solicitando que el máximo tribunal electoral cumpla con publicar la resolución que declara fundada la apelación contra el Acuerdo de Concejo Municipal N° 017-2025-CM-MDL, emitido el 15 de julio de 2025. En su escrito, Cabanillas señala que la falta de notificación está generando un perjuicio a las arcas municipales, pues afirma que Girdler Torres, pese a tener conocimiento de su vacancia, continúa suscribiendo actos administrativos presuntamente en beneficio personal y no de la comunidad. El documento recalca que esta situación vulnera el principio del interés público, que debe primar sobre cualquier beneficio particular. El recurso recuerda que la audiencia de vista de la causa se llevó a cabo el 28 de octubre a las 10:00 a.m., y que otros expedientes evaluados en la misma fecha ya cuentan con su respectiva resolución emitida y notificada. Sin embargo, el caso de Lagunas no ha recibido el mismo trámite, lo que motivó la presentación de la solicitud. En el escrito, se expone que la persistencia de esta situación “viene causando perjuicio permanente”, pues se estarían ejecutando decisiones administrativas sin legitimidad mientras el JNE no haga efectiva la resolución que declara fundada la vacancia. El documento enfatiza que la autoridad cuestionada “está realizando diversos actos en favor de intereses privados”. Por ello, el recurso pide que el JNE notifique y publique de manera inmediata la resolución para que la vacancia del alcalde pueda ejecutarse sin mayores dilaciones, permitiendo que el concejo municipal proceda según corresponda de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades. El trámite ingresó de manera electrónica a la Mesa de Partes Digital del JNE bajo el expediente JNE.2025004738, registrado el 20 de noviembre de 2025 a las 09:18 a.m., y solicita atención urgente por parte del pleno del organismo electoral. Finalmente, el solicitante reafirma que la demora afecta la gobernabilidad del distrito de Lagunas, de la provincia de Alto Amazonas, en Loreto, y pide al JNE actuar con celeridad a fin de garantizar la legalidad y el respeto al debido proceso en beneficio de la población. (K. Rodriguez)
En el marco de la Campaña de Acción Social que desarrolla la Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS) Morona, el doctor Aníbal Tapia Torres, magistrado de la Corte Superior de Justicia de Loreto, juez del Juzgado de Paz Letrado de Andoas, llevó a cabo una importante jornada de charlas dirigidas a las autoridades comunales de la Comunidad Nativa Estrella, ubicada en el distrito de Barranca, provincia del Datem del Marañón. Durante su intervención, el magistrado abordó temas esenciales vinculados al acceso a la justicia, la prevención de la violencia, la protección de personas en situación de vulnerabilidad y los mecanismos de atención que ofrece el Poder Judicial a través de sus servicios institucionales. Asimismo, destacó la importancia del trabajo articulado entre el sistema de justicia y las autoridades indígenas para garantizar la defensa de los derechos fundamentales en zonas rurales y de difícil acceso. A bordo del PIAS Morona, el Dr. Tapia Torres reafirmó el compromiso del Poder Judicial de Loreto con la labor de acercar la justicia a las comunidades más alejadas del territorio, promoviendo el conocimiento de la normativa vigente y fortaleciendo las capacidades de los líderes comunales para actuar frente a situaciones que afecten la paz social. La participación activa de las autoridades de la Comunidad Nativa Estrella puso en evidencia su interés por seguir fortaleciendo la convivencia pacífica y la organización comunal, aspectos claves para la consolidación de un entorno seguro y justo para todas las familias del distrito de Barranca.
Discurso del secretario técnico de la Comisión Distrital de Acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad y justicia en tu comunidad
Es un honor dirigirme a ustedes para presentar una de las buenas prácticas impulsada por nuestra corte superior, a la que hemos denominado “Gestión de depósitos judiciales administrativos en las provincias del distrito judicial de Loreto”. Hablar de Loreto, incluso desde su competencia como distrito judicial es referirse a un territorio vasto, diverso y a veces difícil de recorrer. Pero esa geografía no ha sido nunca un obstáculo para que nuestras hermanas y hermanos ejerzan sus derechos fundamentales a través de nuestras intervenciones. Y por ello, la Comisión Distrital ha redoblado sus esfuerzos para atender especialmente a poblaciones que habitan en las comunidades más distantes de nuestra región, algunas que inclusive no cuentan con energía eléctrica o conectividad móvil. Quisiera destacar, antes de referirme a la buena práctica que traemos hoy, el trabajo articulado con los Buques de Acción Social del programa nacional PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, una herramienta invaluable que ha permitido que el Poder Judicial esté presente donde antes parecía imposible. Gracias a esta alianza interinstitucional, nuestros juzgados itinerantes han podido recepcionar en sus cuatro campañas, más de 80 demandas entre alimentos, filiación, rectificación de partidas de nacimiento y violencia familiar, asimismo en cada comunidad visitada se brinda orientación legal, asistencia en trámites y capacitación comunitaria en comunidades ribereñas que solo pueden ser alcanzadas por vía fluvial. Los magistrados navegan más de 30 días visitando en la mayoría de los casos más de 20 comunidades, algunas fronterizas con Ecuador, Colombia y Brasil, trabajando sin descanso 24/7, acercando la justicia y que llegue a todos, hecho que esta sede judicial reconoce y enaltece el espíritu de servicio de magistrados y personal judicial. Hemos recorrido ríos, quebradas y afluentes para llevar justicia, y en cada parada hemos encontrado necesidades profundas, pero también una gran disposición de la población para dialogar y participar. Este despliegue del Poder Judicial en los buques PIAS ha sido un paso más hacia la justicia inclusiva que buscamos construir, y que seguimos construyendo. En este momento se encuentran navegando 2 jueces y un servidor judicial en tres buques PIAS, llevando la justicia a todos los rincones de nuestra Amazonía. Todo lo narrado anteriormente, así como la exitosa campaña nacional de endoso de depósitos judiciales impulsada este año, ha permitido visibilizar una buena práctica en nuestro distrito judicial: La gestión administrativa de los depósitos físicos para digitalizarlos y posteriormente publicar el listado de expedientes pendientes de cobro en el frontis del juzgado así como en medios de mensajería instantánea en el Juzgado de paz letrado de Ramón Castilla, una gran iniciativa impulsada por su secretaria judicial, la Dra. Raquel Ortiz Guerrero, que ha sido determinante para que madres e hijos alimentistas puedan acceder a este derecho irrenunciable de prestar alimentos empleando las herramientas tecnológicas. Como lo he indicado, se ha permitido captar a los beneficiarios de procesos de alimentos para el cobro de sus respectivos depósitos, logrando una disminución significativa del 40% de endosos pendientes. Iniciativa que estamos seguros, se irá replicando, especialmente en los órganos jurisdiccionales más alejados de Loreto, pues la única manera que tenemos de visitar la provincia de Ramon Castilla o las demás provincias es navegando más de 8 horas por los ríos de nuestra Amazonía, o tomando una avioneta, cuya capacidad es limitada y los costos son elevados. Esos son los desafíos que enfrentamos, sin embargo nuestra vocación para acercar el servicio al usuario que busca justicia se impone siempre y logra su propósito. Todo este trabajo no sería posible sin el compromiso de jueces, servidores, orientadoras judiciales, aliados institucionales y de cada persona que, desde su función ha contribuido a que la justicia sea un derecho y no un privilegio. Quisiera recordar que el acceso a la justicia no es solo un principio jurídico, sino una responsabilidad moral. Y este año, la Corte de Loreto ha demostrado que, cuando hay voluntad, es posible llegar a las zonas más apartadas, escuchar a quienes más lo necesitan y brindar respuesta oportuna. El tiempo en este espacio es apremiante sin embargo me gustaría decir que ya nos encontramos planificando el 2026 para seguir implementando los programas de Orientadoras Judiciales en Enero y Justicia de Paz Escolar en Abril que han tenido una gran receptividad en nuestra ciudad. Continuaremos firmes en el propósito de construir un Poder Judicial accesible, inclusivo y confiable, que responda a la realidad amazónica y a las necesidades de su gente. Porque en Loreto, cada comunidad importa. Cada persona importa. Y la justicia debe llegar a todos. Trabajamos por una justicia que humaniza la Amazonía. Muchas gracias. Charles Goncalvez Guerrero.
MPAA presentó el “bus de la reivindicación” que beneficiará a escolares de Alto Amazonas.
La Municipalidad Provincial de Alto Amazonas presentó un moderno ómnibus urbano con capacidad para 51 pasajeros, destinado a ofrecer transporte escolar gratuito a los estudiantes del eje carretero Yurimaguas – Pampa Hermosa. Con esta adquisición, la comuna busca garantizar un traslado seguro, puntual y accesible para los escolares de la zona. Durante la presentación, Maicol Huansi Reátegui, alumno del colegio Santo Tomás, destacó la importancia de este apoyo municipal. “Para muchos de nosotros era difícil llegar al colegio, pero ahora podremos viajar tranquilos y sin retrasos”, señaló visiblemente emocionado. El nuevo vehículo fue equipado con motor de alto rendimiento, aire acondicionado, cámaras de seguridad, puertos USB y sistema de audio y video. Esta implementación cumple con los estándares escolares y asegura un viaje cómodo, seguro e inclusivo para los estudiantes que diariamente recorren largos tramos. Por su parte, Iby Llajar Hernández, estudiante del colegio Guadalupe, resaltó los beneficios directos para su comunidad. “Este bus nos ayudará muchísimo. Antes caminábamos 30 minutos y a veces llegábamos cansados; ahora el camino será más fácil para todos”, expresó. El servicio permitirá atender a los caseríos de Belén, 30 de Agosto, San Francisco, Micaela Bastidas, Mariano Melgar, Santo Tomás, Nuevo San Juan de la Libertad, San Juan de Pamplona, Grau y Pampa Hermosa. Con ello, se busca mejorar la asistencia escolar y reducir la deserción en toda la ruta. Finalmente, Javier Meléndez Padilla, director del colegio Santo Tomás, valoró la iniciativa y adelantó que se trabajará por ampliar esta cobertura. “Este es un paso enorme para nuestros estudiantes. La municipalidad ya está gestionando una segunda y tercera etapa para seguir atendiendo a más jóvenes de la provincia”, afirmó.
